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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En el municipio de Tultitlán, el nombre de Fimesa dejó de existir, pero no el conflicto que arrastra. Lo que fue una colonia consolidada hoy es escenario de una pugna legal, social y política, marcada por el despojo de viviendas, el abuso de autoridad y la impunidad.
Con 93 carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía del Estado de México y ningún responsable detenido, las familias afectadas siguen esperando justicia que no llega.
Las denuncias apuntan a una serie de operativos ejecutados en 2023 por exfuncionarios y policías municipales, quienes irrumpieron en la zona, derribaron más de 30 viviendas y cercaron terrenos con documentos de propiedad legítimos.
“No es solo la demolición, es el desprecio a nuestra dignidad. Entraron con violencia, sin órdenes, y nunca hubo consecuencias”, declaró Rosa Sánchez, quien perdió su hogar de dos plantas.
La abogada Irlanda Fuentes, representante legal de los vecinos, afirmó que las pruebas son sólidas y que un solo caso judicializado bastaría para evidenciar el patrón de ilegalidades. “Es necesario que se active la Fiscalía Anticorrupción. Aquí hubo compras simuladas y desvío de recursos para adquirir terrenos ya habitados”, explicó.
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