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Juan R. Hernández
Ciudad de México.– Más de 100 elementos policiacos y grupos de choque irrumpieron el pasado primero de julio en la plaza Black Pedregal, al sur de la Ciudad de México, para ejecutar una clausura ordenada por el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, sin mediar notificación ni documento legal.
La medida afecta a más de 300 empleos directos y 900 indirectos, además de generar pérdidas millonarias para los cuatro restaurantes y comercios de la zona.
La acción fue encabezada por personal de la Dirección Jurídica y de Gobierno, quienes vulneraron derechos de propiedad y de género al intentar detener a la representante legal de la plaza, Silvia Carrasco, empresaria que denunció violencia física y hostigamiento.
Testigos relatan que los funcionarios y policías arrancaron plantas, macetas y mobiliario exterior, cargándolos en camionetas sin placas, mientras lanzaban amenazas: “¡Ábranse porque les vamos a partir la madre!”.
Los dueños de la plaza interpusieron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por robo, despojo y allanamiento. Un juez del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX ordenó levantar los sellos por falta de pruebas, pero la alcaldía se negó a acatar la resolución y mantiene la clausura.
La directora jurídica, Mirian Rosado García, presente en el operativo, se limitó a guardar silencio mientras se violentaban los derechos de la propietaria. La afectada ya solicitó medidas de protección por violencia de género.
El abogado de la plaza, José Antonio Alcaraz, aseguró que existen evidencias del uso excesivo de la fuerza pública y calificó la clausura como un acto de corrupción y abuso de autoridad. “Presumimos un intento de extorsión”, declaró, señalando que la alcaldía transgredió ordenamientos y plazos legales.
finalmente, el grupo Black Pedregal hizo un llamado al diálogo y exigió al alcalde López Casarín respetar la ley, los derechos humanos y la equidad de género. Mientras tanto, la plaza permanece cerrada, los empleos perdidos y la indignación ciudadana crece ante lo que vecinos califican como un acto autoritario y corrupto que recuerda los peores excesos del viejo régimen.
