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Por Juan HDZ
El gobierno de la Ciudad de México negó el permiso necesario para la realización de la Caravana Coca-Cola 2024, un evento tradicional programado para el 15 de diciembre.
Según las autoridades, la magnitud de la actividad requería una autorización que no se concedió, lo que derivó en su cancelación.
Ante ello, la empresa lamentó la decisión mediante un comunicado donde expresó su respeto hacia las autoridades y agradeció el apoyo de sus consumidores.
Este hecho, aunque menor en apariencia, pone sobre la mesa la tensión entre la iniciativa privada y las decisiones gubernamentales que priorizan la regulación sobre el impacto social de actividades comerciales.
La Caravana Coca-Cola, más que un evento publicitario, representaba una tradición navideña para miles de familias. Mientras tanto, en el Congreso de la Ciudad de México, los legisladores dieron un paso importante al aprobar reformas al Código Penal para combatir la extorsión y los cobros indebidos, delitos que han proliferado y se han convertido en una amenaza para la economía familiar y empresarial.
Con estas modificaciones, las penas de prisión por extorsión aumentarán a entre 10 y 15 años, con multas que oscilarán entre 217 mil y 325 mil pesos. Además, dichos delitos serán perseguidos de oficio, obligando a la fiscalía local a actuar sin necesidad de una denuncia formal.
Esta medida, según los legisladores, busca cerrar el paso a prácticas como los “montachoques” y los préstamos “gota a gota”, que generan una espiral de violencia económica para sus víctimas.
Ambas decisiones reflejan prioridades dispares: por un lado, la administración local parece enfocada en regular actividades públicas con rigor, incluso sacrificando tradiciones navideñas; por otro, el endurecimiento de las leyes busca responder a una exigencia ciudadana frente a la inseguridad y la extorsión.
