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Por Federico La Mont
Así van: En el INE continúan recibiendo suspensiones de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que atrasarán la sentencia de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a dichos recursos interpuestos. Hasta el miércoles el INE fue notificado de más de 160 suspensiones, a lo que se sumaban otras 115 nuevas sobre los mismos expedientes, incluidos incidentes y ampliaciones. A su vez, el TEPJF anticipó que, en su próxima resolución, ratificará precisamente que la Constitución da a las decisiones de la sala superior, carácter de superioridad en temas electorales, ámbito donde no se admiten amparos. En consecuencia, se daría la autorización al INE para que inicie la organización del proceso para la elección de juzgadores por voto popular, como ordena la reforma constitucional, las modificaciones a dos leyes secundarias, LGIPE y la de Medios de Impugnación.
Extradición: Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detalló que la orden de aprehensión contra García Luna y su esposa es un proceso abierto con gran cantidad de involucrados. De hecho, varios están ya en la cárcel por ese motivo. Por ello, se solicitará la extradición de los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no se pueda solicitar su extradición; en el caso de su cónyuge, inmediatamente deberían extraditarla. Cuando era titular de Seguridad y Protección Ciudadana, la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, denunció en su momento los contratos firmados en el sexenio de Calderón para la construcción de prisiones privadas, del presupuesto nacional, hasta 2021, se pagaron casi 76 mil millones de pesos para cubrir los precios autorizados por García Luna, además de que en los años siguientes se pagaron más de 190 mil millones de pesos adicionales, para redondear, en dos décadas, el pago de 266 mil 300 millones de pesos, con sobreprecio.
