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El edil electo enfrenta impugnaciones por irregularidades en las casillas y el condicionamiento de apoyos a los habitantes
Omar Montalvo
A lo largo de la pasada contienda electoral, las encuestas no beneficiaron a Javier López Casarín, candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Alcaldía Álvaro Obregón. Sin embargo, el 2 de junio resultó triunfador y gobernará esa demarcación a partir de octubre.
Pese a que ganó en las urnas, se encamina a ser un edil con un amplio rechazo ciudadano, incluso mayor al registrado por sus antecesoras Lía Limón, del PAN, y Layda Sansores, de Morena.
Ello porque, de acuerdo con los conteos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), López Casarín no tuvo la mayoría de votos en al menos 173 secciones electorales de esa alcaldía. De esa cifra, 35 se trataron de un empate técnico de la coalición Morena, PT y PVEM con la alianza PAN, PRI y PRD, cuya abanderada fue Limón, quien buscaba su reelección.
En la mitad de los empates, la diferencia no favorece a López Casarín, mientras que en el resto de las secciones electorales el PAN arrasó con los votos, en una diferencia que va desde los cinco puntos porcentuales hasta más de 30. Sin embargo, el proceso democrático le dio la victoria.
Las zonas donde Javier López Casarín no tuvo simpatía no solo son populares, sino incluso de alta plusvalía. Algunas colonias pertenecientes a tales secciones son Tizapán, Progreso, Jardines del Pedregal, Axotla, Las Águilas, Tlacuitlapa, Plateros y San Clemente.
Ante ello, el alcalde electo inició una gira en Álvaro Obregón con reuniones con representantes de la sociedad civil, académicos y empresarios, pues no termina de convencer a los habitantes de esa demarcación.
En sus respectivos procesos electorales, la morenista Layda Sansores ganó por una diferencia del 4% en 2018; Lía Limón del 20% en 2021 y Javier López Casarín apenas del 2.6%, lo que abre la posibilidad de una impugnación e incluso un recuento de votos.
Derivado de ello, este último enfrenta las impugnaciones de la panista por la renuncia de funcionarios de casilla que lo pudieron beneficiar; el exceso de recursos públicos para su campaña; actos anticipados de campaña, y la compra del voto.
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