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MARIO LÓPEZ
Los ciudadanos de los municipios mexiquenses de Ixtlahuaca, San José del Rincón y Donato Guerra también son víctimas de extorsión del crimen organizado como en el caso de Texcaltitlán y que a la fecha las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se niegan a iniciar las investigaciones y por ello sus casos no figuran en las cifras sobre la incidencia delictiva.
En noviembre pasado pobladores de la zona Mazahua del municipio de Donato Guerra fueron víctimas de un grupo criminal que los agredió y los despojó violentamente de sus tierras en San Antonio la Laguna y, para desplazar a 60 familias de su comunidad, sus casas fueron derrumbadas o quemadas en otros casos, para apropiarse de las tierras ocupadas por sus abuelos y padres desde 1934.
Los afectados fueron a denunciarlo frente al Tribunal Unitario Agrario Distrito 9 con sede en Casa Blanca, para exigir la devolución de sus terrenos, pues el día de los hechos (16 de noviembre) la FGJEM se negó a iniciar la carpeta de investigación para las devolución de sus 310 hectáreas de tierras.
Mientras tanto, en el municipio de San José del Rincón en febrero pasado un grupo de sujetos armados se presentaron en la comunidad de Carmona y balearon algunos negocios, lo que motivó a la ciudadanía a organizarse, ante la inseguridad en comunidades del municipio, pues los ciudadanos están conscientes de que “el crimen organizado vive entre nosotros, y los mismos delincuentes están en nuestro municipio”. Los vecinos mostraron su hartazgo en agosto de 2022, pues realizaron destrozos y quemaron autos para demandar mayor seguridad.
Por último, en Ixtlahuaca las autoridades municipales se han visto en la necesidad de capacitar a sus autoridades auxiliares, con el fin de prevenir la extorsión y usar de manera correcta el número de emergencias 089, toda vez que las extorsiones se han convertido en un problema “muy grave” en los últimos tiempos en este municipio con comunidades indígenas mazahuas.
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