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REDACCIÓN Grupo Cantón
A más de una semana de la localización sin vida de Sofía Madai, de 11 años, su madre, Mónica Alejandra, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en Toluca, para solicitar información sobre la investigación y conocer qué avances existen para esclarecer el homicidio. La menor cursaba sexto grado de primaria.
De acuerdo con el relato de su madre, el 26 de septiembre salió de su domicilio alrededor de las 18:00 horas y no regresó. La familia comenzó a buscarla en las inmediaciones de su vivienda y pidió apoyo para dar con su paradero, sin imaginar que tres días después recibiría la noticia de su muerte. El 29 de septiembre, el cuerpo de Sofía fue encontrado a un costado de la autopista Chamapa-Lechería.
El hallazgo dio inicio a las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del crimen e identificar a quienes pudieran estar involucrados. Sin embargo, la familia enfrenta la incertidumbre de no conocer con precisión qué ocurrió durante las horas en que la niña estuvo desaparecida. Tras despedirla durante su sepelio, realizado el 2 de octubre, Mónica Alejandra mantuvo su exigencia de justicia.
Según su denuncia, no ha recibido información suficiente sobre las actuaciones ministeriales ni sobre las posibles líneas de investigación. Por ello, decidió presentarse ante la Fiscalía estatal para solicitar respuestas y conocer las medidas adoptadas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
La falta de información denunciada por la madre también plantea la necesidad de garantizar una comunicación oportuna con los familiares de víctimas de delitos graves. Para quienes atraviesan una pérdida de esta naturaleza, conocer el estado de las diligencias es fundamental para dar seguimiento al procedimiento y evitar que la incertidumbre aumente el sufrimiento.
A la preocupación de la familia se suma la de habitantes de la zona donde fue localizado el cuerpo, quienes consideran necesario reforzar la vigilancia en los alrededores de la autopista. La presencia de caminos y espacios con tránsito constante exige medidas de prevención y coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad y la investigación de hechos delictivos.
Colectivos y organizaciones sociales han insistido en que las agresiones contra niñas y adolescentes requieren investigaciones exhaustivas, atención a las familias y mecanismos eficaces de búsqueda cuando se reporta una desaparición. También demandan que las autoridades actúen con diligencia y transparencia para evitar que los casos queden sin esclarecer.
