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JUAN R. HERNÁNDEZ
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) informó la suspensión provisional con efectos generales contra la reforma que busca eliminar los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), los cuales acumulaban más de 15 mil millones de pesos.
La decisión de la Jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, otorgó una medida cautelar con efectos generales, lo que significa que esta suspensión afecta a todos los trabajadores del Poder Judicial. Esta suspensión impide al gobierno federal utilizar, por el momento, los fondos destinados a apoyar a la población afectada por el huracán Otis en el estado de Guerrero.
Cabe señalar que la audiencia incidental está programada para el 14 de noviembre, en la cual se decidirá si se concede una suspensión definitiva a favor de los jueces federales. La suspensión provisional evita que se lleven a cabo las consecuencias de la reforma que buscaba eliminar los fideicomisos del PJF, según lo establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre.
En su decisión, la juez ordenó a los órganos del PJF que se abstengan de coordinarse con las instituciones fiduciarias para extinguir los fideicomisos y dar por terminados los mandatos correspondientes, así como para suscribir los convenios de extinción y terminación.
Además, la juez ha indicado que no se deben entregar fondos, recursos, remanentes ni productos y aprovechamientos derivados de los fideicomisos a la Tesorería de la Federación en los términos establecidos en el artículo segundo transitorio del decreto reclamado.
La medida tiene como objetivo proteger los derechos adquiridos de los miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social, así como varios acuerdos generales emitidos por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La juez argumentó que esta medida no afecta el interés social ni el orden público y señala que el decreto no especifica cómo se utilizarán los recursos de los fideicomisos para atender necesidades sociales específicas. Si no se concede esta medida cautelar, existe el riesgo de afectar los derechos de los trabajadores del PJF y de obstaculizar programas, reformas constitucionales o infraestructura relacionada con la impartición de justicia, lo que tendría un impacto negativo en la sociedad.
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