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- Destacan clínicas ISSSTE sin equipo médico
- Exfuncionarios y coyotes “tramitaron” pensiones irregulares
- El Instituto fue arruinado, privatizado y despojado de sus recursos
Juan R. Hernández
Como parte de los esfuerzos por “rescatar” al ISSSTE de su estado actual, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador descubrió una serie de irregularidades heredadas de administraciones pasadas. Estos incluían clínicas sin equipo médico nuevo durante más de dos décadas, mantenimiento mínimo de los sistemas de aire acondicionado, sistemas de alcantarillado inadecuados y la ausencia de construcción de hospitales durante más de 40 años.
El equipo de investigación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, descubrió un esquema de malversación y fraude que había erosionado el patrimonio del ISSSTE a lo largo de 12 años, por un monto de más de 15 mil millones de pesos.
Los exempleados se confabularon con funcionarios e intermediarios del gobierno para iniciar miles de casos legales, con el objetivo de garantizar pagos de pensiones más altos que los exigidos por la ley.
Durante el informe, se reveló que al menos un centenar de pensiones superaron el límite legal de 31,000 pesos, en donde sobresalieron cinco pensiones irregulares cuyos montos ascendieron a pagos de 273,000 pesos, 236,000 pesos, 186,000 pesos, 138,000 pesos y 129,000 pesos, otorgados en 1995, 1999, 2000, 2002 y 2005, respectivamente. Estos se obtuvieron mediante sentencias judiciales, beneficiando a exfuncionarios públicos anónimos.
El presidente López Obrador enfatizó su directiva a diversas dependencias gubernamentales de formar un equipo dedicado a rescatar la institución. Destacó que el ISSSTE ha sido completamente arruinado, privatizado y despojado de sus recursos, refiriéndose a él como la institución de salud más devastada, donde se han tercerizado los servicios. Destacó la necesidad de restablecer la funcionalidad del ISSSTE.
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Rosa Icela Rodríguez Velázquez, describió cómo la institución había sido sometida a una “privatización silenciosa” que erosionó su capacidad y autonomía, dejándola mínimamente operativa. La privatización de los servicios médicos comenzó en 2007 e implicó contratos sobrevalorados.
Los montos de los contratos en el sector salud aumentaron a 254 mil millones de pesos, de los cuales más de 88 mil millones de pesos se atribuyeron a contratos del ISSSTE. Las empresas contratadas eran propiedad de funcionarios, políticos y representantes, lo que implicaba una corrupción significativa.
Pedro Zenteno, director general del ISSSTE, destacó la responsabilidad de la institución de atender a 14 millones de beneficiarios. Reconoció el crecimiento reciente, pero lamentó que la infraestructura no igualara el aumento. Zenteno destacó la construcción en curso de tres hospitales regionales de alta especialidad en Coahuila, Guerrero y Jalisco, y la ampliación de hospitales y clínicas generales. Se espera que estos proyectos beneficien a 1,6 millones de trabajadores y a un total de 6,1 millones de personas.
También están en marcha esfuerzos hacia una “nueva cultura laboral” y una “tolerancia cero” frente al robo de medicamentos, los conflictos laborales y las pensiones. En particular, 22 personas han sido procesadas, incluido un ex funcionario del ISSSTE que enfrenta seis cargos por graves implicaciones financieras.
El ISSSTE presentó 31 denuncias ante la Fiscalía General de la República, distribuidas en 25 expedientes de investigación. Estas acciones han impedido procesos judiciales, logrando cheques superiores a 1,188 millones de pesos y evitando el pago de 1,200 millones de pesos en pensiones ilegales.
Almendra Lorena Ortiz Genis, directora de Administración del ISSSTE, informó que la institución heredó un pasivo por 20 mil millones de pesos en 2018, totalmente cubierto hacia 2023. Los años 2022 y 2023 registraron cero subgastos y cero pasivos, respectivamente. Además, se dirigieron inversiones por 18 mil 302 millones de pesos a equipamiento, inmuebles y construcción. En insumos de medicamentos se reportó un cumplimiento del 96%, ahorrando 678 millones de pesos.
Mientras continúan las investigaciones, el gobierno mexicano pretende rectificar la amplia corrupción y negligencia que han plagado al ISSSTE, salvaguardando los intereses y la salud de millones de trabajadores y sus familias.
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