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En 27.12% de las ocasiones, la alcaldía Cuauhtémoc realizó contrataciones con proveedores preseleccionados durante el año pasado
Sadit Gabriel
CIUDAD DE MÉXICO. – Una investigación periodística realizada por este medio de comunicación descubrió que durante el 2022, Sandra Xantall Cuevas Nieves, alcaldesa de la Cuauhtémoc, dio por dedazo el 52.54% de los contratos relacionados con obras públicas de la demarcación (31). Fueron 93.1 millones de pesos otorgados por la perredista mediante un sistema de contrataciones, cuya lógica solo permite ser usada en situaciones muy específicas.
Estos negocios quedaron exhibidos en un documento firmado por René Arias Andrade, director del área de Obras Públicas de esa demarcación, donde se confirma que el año pasado Cuevas Nieves avaló la adjudicación directa de 93 millones 176 mil pesos.
Según la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus artículos 42 (fracciones I y II) y 41 (fracciones I, II, V y VIII), un gobierno o dependencia en México únicamente puede elaborar adjudicaciones directas en cuatro casos: si por sus cualidades, el bien o servicio contratado solo puede ser cubierto por un proveedor exclusivo; en contratos donde ambas partes autoricen la adjudicación y la garanticen por tener la mejor oferta; en casos de emergencias, o cuando se realice una licitación relacionada con el ejército o la seguridad nacional.
Pese a que en varios de estos contratos hubo sobreprecios en diversos materiales y se violaron las disposiciones de la citada ley, la edil de Cuauhtémoc decidió otorgar a diversas compañías y proveedores un total de 31 contratos para obras, supuestamente en beneficio de los habitantes.
En ese sentido, la contabilidad investigada indica que en 16 escenarios adicionales (el 27.12%), Sandra Cuevas hizo adjudicaciones mediante invitaciones restringidas a firmas previamente seleccionadas por sus colaboradores, lo cual deja apenas 12 contratos avalados mediante licitaciones públicas durante el año pasado; es decir el 20.34% del total.
En general, los negocios relacionados con adjudicaciones directas suelen estar vinculados, en buena parte de las ocasiones, con actos de corrupción, nepotismo o hasta lavado de dinero. Un ejemplo de lo anterior se observó recientemente con Genaro García Luna, quien fue investigado por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) tras realizar 30 contratos a modo a empresas familiares por 745 millones de dólares.
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