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Gobierno solicitó a la SCJN que antes de que resuelva el ‘Plan B’ electoral, debata sobre la constitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social.
Redacción Basta
CIUDAD DE MÉXICO.- Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue formalmente requerida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para que resuelva primero la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) en mayo de 2018 y después analice la reforma a dicha legislación, que forma parte del ‘Plan B’ de la Reforma Electoral.
Gobierno federal solicita a SCJN resolver impugnaciones de 2018 contra Ley General de Comunicación Social, antes de pronunciarse sobre su reforma de 2022 (plan B).
Comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.https://t.co/SLGGYm8TDW pic.twitter.com/pzYV0bl8l8
— Gobierno de México (@GobiernoMX) May 3, 2023
Mediante de un comunicado, la Presidencia recordó que la LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y PAN, la cual fue cuestionada en su momento por la minoría en el Senado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Movimiento Ciudadano, al denunciar vicios en el proceso legislativo, además de que algunas de sus disposiciones son inconstitucionales.
Según la Presidencia, argumentó que ‘al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B)’.
El gobierno federal aseveró que la solicitud se da con el objetivo de evitar la emisión de ‘sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión’.
