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Ana María Vázquez
Se llama Liliana Torres y a sus escasos 23 años ya es madre de 4 hijos; residente de Guadalupe, Nuevo León, convive con su marido, chofer de Didi.
Un día, Liliana es secuestrada, violada y quemada viva; sus victimarios la dan por muerta y la abandonan en el mismo paraje donde le prendieron fuego; los paramédicos la asisten, tiene el 30% de su cuerpo con
quemaduras severas.
En sus primeras declaraciones la conminan a abandonar el estado, “por su propia protección”, como si las autoridades no quisieran hacerse cargo de la investigación, estando aún tan fresco lo de Debanhi y las 300 mujeres que se dice, son el número de reportes de desaparecidas hasta ahora.
La denunciante señaló el 6 de marzo que los agresores habían sido 3 taxistas del municipio de pesquería, sin embargo, la Fiscalía respondió hasta el 22 de junio indicando que la afectada había cambiado la
versión en su primera declaración, pero no mencionaba nada respecto a las indagatorias realizadas para localizar a los agresores.
Su delito fue haber descubierto que sus entonces agresores tenían secuestradas a dos mujeres más, al cuestionarlos e intentar denunciar, es también secuestrada para posteriormente intentar acabar con su vida.
Una vida rota, 4 hijos casi a la deriva y un marido que ha tenido que dejar su empleo para atender a su joven esposa de escasos recursos.
La ayuda de leche para los niños, pañales y medicamentos quedó en promesas y la urgencia de sacarla del estado sigue presente.
Impunidad, indolencia, apatía… revictimización, no obstante, conocer los datos de sus agresores nada se ha hecho.
El otrora más poderoso estado de la República se hunde en una crisis tras otra y la mano del gobernador no se mueve más que para exigir que no se le insulte. Desventajas de estar en un puesto para el que jamás
estuvo capacitado. El pueblo, como siempre, lo paga.
