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Enrique López Moreno
Estado de México. – El Observatorio de Amnistía, en su primer informe sobre la Ley del mismo nombre, señala omisiones, opacidades, actitudes burocráticas perniciosas, violaciones a Derechos Humanos, corrupción en los cuerpos policiacos y, sobre todo, el papel que tienen los jueces en el incumplimiento de la ley en el Estado de México, esta última situación deja al descubierto la gran dependencia que tienen estos con el gobernador Alfredo Del Mazo, para obedecer sus intereses.
El año pasado, el gobernador Alfredo del Mazo Maza, nombró al nuevo titular del Tribunal Superior de Justicia del Edomex (TSJEM), Ricardo Sodi Cuellar, catedrático egresado de la Universidad Anáhuac; su cercanía con el mandatario mexiquense deja dudas sobre su seriedad en la impartición de justicia, así como la revisión de los casos, bajo el debido proceso de ley.
Se tenía contemplado que llegaría una mujer (María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín), persona muy cercana al expresidente del Tribunal, José Castillo Ambriz (candidato de Morena a la alcaldía de Lerma). Sin embargo, diversos jueces se decantaron por Cuellar, bajo la mirada de la corriente del PRI.
Ricardo Sodi Cuellar es un abogado que llegó al Poder Judicial en 2010. Su nombramiento fue avalado por la legislatura mexiquense con mayoría priísta.
Sodi Cuellar dio clases en Huixquilucan, municipio que estuvo bajo la responsabilidad de Alfredo del Mazo, entre otros priístas, hoy identificados como la corriente de Atlacomulco.
En enero de 2020, el senador Ricardo Moreno, ante la llegada de Cuellar a la presidencia del TSJEM, lo acusó que era un símbolo de corrupción de la administración de justicia del Estado de México: “abogado de narcos y con antecedentes obscuros, Sodi de la mano de Alfredo del Mazo pretenden el cobijo del fuero institucional”.
El documento que exhibe el Observatorio señala que, además de los obstáculos del Gobierno de Del Mazo que se han encontrado para que la Ley de Amnistía se cumpla, muestra una acción constante por parte de los jueces como: “La negativa de los jueces al solicitar la constancia de primo delincuente del solicitante, siendo que están facultados a realizarlo en caso de que sea necesario. Las personas juzgadoras a las que les es turnada la solicitud de amnistía alegan que no están facultadas para solicitar a la Fiscalía estatal la constancia de delincuentes primarios – requisito indispensable para ser beneficiario. Por otro lado, si es el solicitante quien pide directamente la constancia a la Fiscalía, esta última responde que es el Juez quien debe solicitarla”.
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