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Con la llegada de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se termina con 20 años de impunidad e injusticia, debido a que sus antecesores se dedicaron a proteger los actos ilegales de autoridades pasadas, fueron “alcahuetes” de los ex mandatarios e incluso señalados de proteger a delincuentes.
El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha destacado la trayectoria de la nueva titular de la CNDH y defendido del ataque sistemático que el PAN ha orquestado, partido que ha gobernado el país en dos ocasiones y que habrían usado esta comisión para proteger a los ex mandatarios: Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa.
López Obrador, ha sido claro al señalar que su administración no usará la comisión para ocultar actos que violen los derechos de los mexicanos. “Es una mujer con convicciones, nosotros nunca le pediríamos que se ocultara una violación de derechos humanos, no queremos incondicionales en nada, lo que queremos es que haya justicia y se protejan los derechos humanos. Ni ella lo permitiría ni nosotros nos atreveríamos a pedirle algo ilegal”, afirmó el Jefe del Ejecutivo.
“En el caso de la CNDH, ayúdenme a recordar algo en donde su intervención haya llevado a esclarecer una violación grave de derechos humanos, pienso que no cumplieron con su función, fue un organismo pantalla, de simulación”, indicó.
PROTECCIÓN A VIOLADORES
Uno de los ex Ombudsman durante los últimos 20 años ha sido, José Luis Soberanes Fernández, quien presidió la CNDH del 16 de noviembre de 1999 al 15 de noviembre de 2009, durante todo el sexenio de Vicente Fox Quezada; siendo una de sus decisiones más polémicas, la emitida el 19 de abril de 2007, cuando deslindó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de violar los derechos humanos de Ernestina Ascensión, una indígena de 73 años que había sido violada por militares en Zongolica, Veracruz.
En año 2000, fue señalado de no haber atendido una queja de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, quienes acusaban a funcionarios del penal federal de Puente Grande de presionar a un grupo de custodios para que se integrara a un equipo que, en vez de cuidar, atendía, entre otros capos del narco, a el Chapo Guzmán, sus visitadores acudieron a este centro penitenciario, pero sólo para sumarse a las presiones contra los denunciantes, en este caso Soberanes y su equipo no hicieron nada.
Luego llegó a esta comisión Raúl Plascencia Villanueva, quien estuvo al frente del 16 de noviembre de 2009 al 15 de noviembre de 2014, es decir, trabajo con los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quien fue señalado de un pésimo manejo del caso de la matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas; además de una falta de seguimiento de recomendaciones o a la ausencia de cuantificación del daño a reparar por las autoridades, incluso un grupo de víctimas, entre ellas Eduardo Gallo y Javier Sicilia, solicitaron un juicio político contra el Ombudsman por sus continuas pifias y por el abandono de sus principales tareas.
¿Y LOS 43?…
Finalmente está Luis Raúl González Pérez, que presidió la CNDH del 16 de noviembre de 2014 al 15 de noviembre de 2019, ha encabezado dos de las investigaciones más importantes en el país, y cuyos resultados han sido severamente cuestionados, uno fue el asesinato del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio y la más reciente la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Fue el Ombudsman durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, al que poco criticó, cambiando su postura sobre la administración del país, una vez que asumió Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República. Han sido 20 años en donde la CNDH no ha atendido la demanda ciudadana y por el contrario, ha sido señalada de proteger a grupos criminales dejando a la victimas sin justicia.
