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Ciudad de México.– Con 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado que tipifica la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada.
Dicho dictamen reforma las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, y de Seguridad Nacional; así como de códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal.
Con la aprobación de la minuta, la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas serán considerados como delitos de delincuencia organizada cuando el monto de lo defraudado o valor de los comprobantes fiscales sea superior a los siete millones de pesos.
De resultar las investigaciones con resultados positivos, dichos ilícitos ameritarán prisión preventiva oficiosa, se sancionarán con dos a nueve años de prisión y se considerarán amenazas a la seguridad nacional.
Poco antes de mediodía inició la discusión sobre el tema, en Palacio Legislativo de San Lázaro, luego de que la Mesa Directiva le dio publicidad al dictamen y el Pleno autorizó que se sometiera a discusión y votación de inmediato.
Por su parte, los diputados morenistas Marco Antonio Medina Pérez y Rubén Cayetano García, ambos de la Comisión de Justicia, fundamentaron el dictamen en tribuna; al término de ello, la legisladora del PRI, Claudia Pastor Badilla y Jorge Luis Preciado Rodríguez de Acción Nacional presentaron, por separado, mociones suspensivas, las cuales fueron rechazadas.
Medina Pérez aseveró que estas reformas “de ninguna manera representarán una contrariedad para los millones de contribuyentes que cumplen cabalmente con sus obligaciones”.
“El contribuyente común que cometa algún error al tratar de cumplir con sus obligaciones fiscales está muy lejos de las conductas que se trata de combatir y castigar con las reformas propuestas”, externó.
Apuntó que “el negocio criminal de las facturas falsas puede ascender a más de 300 mil millones de pesos al año, lo que equivale al 5.0% de los ingresos del gobierno federal, y el cálculo que han compartido las autoridades fiscales es la indecorosa cifra de 1.6 billones de pesos, que de 2014 a 2019 no han llegado a las arcas públicas”.
El legislador Cayetano García señaló que la minuta salvaguarda los intereses de la sociedad mexicana y contribuye al fortalecimiento de las finanzas públicas, “en los últimos cinco años se estima que el Estado mexicano ha perdido alrededor de 2 billones de pesos debido a este tipo de defraudación fiscal”, comentó.
“Es importante aclarar que estas medidas no serán para todos los contribuyentes, sino únicamente para aquellos que evadan contribuciones iguales o superiores a aproximadamente 7 millones 804 mil pesos”, subrayó.
“Las reformas solo afectarán a las empresas que venden o compran facturas que amparan operaciones falsas. El dictamen no propone criminalizar a los empresarios, sino protegerlos de las prácticas desleales e ilegales a que están sujetos por la corrupción”, finalizó.
