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Las administraciones pasadas, federal y local ofrecieron toda su paternidad a organizaciones sociales, civiles y campesinas dándoles todas las facilidades para acceder a recursos púbicos para echar a andar proyectos productivos o beneficiar a personas en estado de pobreza, que nunca sucedió.
Las autoridades nunca se preocuparon en cerciorarse de la existencia de los proyectos productivos y de, si realmente los recursos económicos iban a parar a manos de los grupos más vulnerables.
A partir del primero y 5 de diciembre, respectivamente del año pasado, llegó la Cuarta Transformación, cambió las reglas de operación y cerró toda posibilidad de otorgar recursos a las organizaciones de la sociedad civil, sociales y campesinas, enumerando un sinnúmero de actos de corrupción y de que la ayuda gubernamental nunca llegó a quienes la requieren.
Acostumbradas a vivir del erario público, organizaciones de campesinos (UNTA) y de indígenas, se plantaron en diferentes días en las afueras de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México presionando a las autoridades para que a través de la dirigencia pasen los recursos económicos.
Lo mismo sucede con un grupo de “indígenas” que han presionado al Gobierno central para que les autorice vender sus productos en la plancha del Zócalo, bajo el argumento de que la administración pasada se los permitía.
La respuesta gubernamental ha sido contundente, no al chantaje y los recursos que se vayan a destinar para los grupos más vulnerables serán otorgados personalmente a los beneficiarios.
Sin embargo, las primeras agresiones ya se empezaron a registrar contra los indígenas por sujetos desconocidos, en donde nadie supo, nadie vio a pesar de por ahí conviven miles de personas. Qué tal.
