Visitas
Alejandro Lelo de Larrea
Luego del revés no definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al mantener la suspensión de la Ley Federal de Percepciones de los Servidores Públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la resolución de la Corte no fue correcta y quienes promovieron este juicio ante el máximo tribunal del país (los senadores de oposición), deberán ofrecer disculpas al pueblo de México.
Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el mandatario señaló que la decisión tomada por los ministros de la Suprema Corte es un asunto legal que se tiene que resolver por esa vía.
Como se recordará, en diciembre pasado el Congreso de la Unión aprobó una reforma legal para reducir los salarios de los altos funcionarios públicos, luego de que encontraron que había algunos con sueldos de hasta 700 mil pesos mensuales.
Pese a este revés jurídico (no definitivo), el presidente López Obrador afirmó que su administración no modificará su plan de austeridad y se continuará con la decisión de reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos.
“Deberían, los que están solicitando que se mantengan esos sueldos elevadísimos, ofrecerles disculpas a los mexicanos, porque es una ofensa que un país con tanta pobreza, con tanta necesidad, haya esas extravagancias, esos sueldos ofensivos. Esa es mi opinión, respetando la autonomía del Poder Judicial”, afirmó el mandatario.
Finalmente, López Obrador calificó de “leguleyos” a los integrantes del gobierno paralelo que creó una constelación de órganos autónomos en el periodo neoliberal para favorecer a las minorías y para simular, como ocurre en el caso del INAI, que cuesta mil millones de pesos, y sus decisiones tienen que ver con mantener en secreto asuntos de interés político de minorías, en favor de éstas.
Ante ello, la oposición en el Senado de la República presentó un juicio de inconstitucionalidad. Hasta ahora, la Corte concedió una suspensión provisional para impedir la aplicación de esta ley. Será en las próximas semanas cuando el máximo tribunal determine, en definitiva, si tal legislación es o no violatoria de la Constitución.
