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La Auditoría Superior de la Federación inició pesquisas por posibles anomalías en el manejo de recursos. Por su parte, el contralor del INE informó sobre cinco personas imputadas en investigaciones relacionadas con la gestión del organismo.
Redacción
Grupo cantón
Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio por presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), luego de detectar operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos realizadas por dos grupos empresariales entre 2014 y 2026.
Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el auditor superior, Aureliano Hernández, informó que la indagatoria contempla a proveedores, empresas y servidores públicos que pudieran estar relacionados con las anomalías detectadas.
De acuerdo con los primeros hallazgos, 3 mil 790.3 millones de pesos de las operaciones identificadas correspondieron a organismos electorales locales. Entre las irregularidades destacan posibles vínculos entre empresas de los mismos grupos, subcontrataciones, compañías con menos de cinco trabajadores y proveedores relacionados con factureras.
El funcionario también señaló que se identificaron posibles redes de vínculos entre empresarios y servidores públicos, así como mecanismos que habrían limitado la competencia para favorecer la adjudicación de contratos.
Por otra parte, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carventes Contreras, reveló que existen 18 expedientes relacionados con presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei, de los cuales cinco ya derivaron en imputaciones formales contra servidores públicos y 13 continúan en investigación.
Entre las posibles faltas se encuentran conflictos de interés, desvío de recursos, simulación de competencia y abuso de funciones. Sin embargo, aclaró que todavía no existen resoluciones definitivas que acrediten responsabilidades.
Ambas investigaciones buscan esclarecer posibles afectaciones a los recursos públicos y determinar si existen elementos para promover sanciones administrativas o acciones legales.
