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Por Ricardo Sevilla
Nos hicieron creer que la autonomía del INE –y antes del IFE– era el escudo de la democracia, pero en realidad fue la partida de nacimiento de un feudo presupuestal intocable.
A finales de este 2026, cuando los escombros de la fe en el Instituto Nacional Electoral (INE) ya están en el suelo, es necesario mirar hacia el origen del mito, hace treinta años, en 1996.
Bajo la mirada complaciente del presidente priista Ernesto Zedillo y con el aplauso unánime de una partidocracia necesitada de legitimidad, José Woldenberg desembarcó en el Instituto Federal Electoral, pero no solo como el flamante consejero presidente, sino como el gran teólogo de una doctrina de impunidad administrativa.
Vinculado desde sus años de formación al influyente grupo intelectual de la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín, Woldenberg percibió con agudeza el clima de indignación nacional tras el fraude de 1988 y el colapso de 1994.
Pero en lugar de diseñar un instituto austero que respondiera a la soberanía democrática que el pueblo exigía, Pepe Woldenberg tejió en foros, columnas y pantallas de televisión una narrativa que, a la postre, terminó sirviendo a una cúpula burocrática.
El entonces consejero presidente del IFE sostenía que había que “ciudadanizar” la democracia, garantizando que el IFE quedara fuera del alcance de la Secretaría de Gobernación y de cualquier intento de fiscalización del Estado.
La teoría, en teoría, se escuchaba muy bien. Pero eran palabras huecas.
Sin embargo, el priista Ernesto Zedillo también tenía sus planes para “democratizar” al IFE. Y terminó impulsando una reforma electoral que, bajo el impulso del PRI, el PAN y el PRD, le concedió al instituto la tan exigida autonomía.
Bajo la fórmula del artículo 41 constitucional, el IFE obtuvo la facultad exclusiva de redactar su propio anteproyecto de gasto.
Se le entregó, en los hechos, una tarjeta de crédito sin límite pagada por el erario.
Pero lo verdaderamente tétrico del modelo Zedillo-Woldenberg radicaba en su entramado ideológico. Y es que, de manera amañada, se instauró una equivalencia tramposa: si alguna voz crítica aparecía para señalar el despilfarro del IFE, al punto era calificada de “enemiga de la democracia”; y si alguna otra voz pedía cuentas sobre compras a modo los consejeros capitaneados por Woldenberg salían a decía a coro que se trataba de un acto “autoritario”.
Detrás de ese relato lo que se configuró fue una “excepción fiscalizadora” para blindar las arcas del instituto.
Ningún subejercicio, por ejemplo, regresó a la Tesorería de la Federación. Los hipócritas adalides de la democracia, lejos de rendir cuentas, decidieron alimentar fideicomisos oscuros como los de infraestructura y pasivo laboral. Y, peor aún, el Contralor Interno era nombrado y removido por los propios consejeros a los que debía auditar. ¡Juez y parte!
En ese caldo de cultivo se formó la estirpe directiva. Dos jóvenes asesores del despacho presidencial de Woldenberg aprendieron a la perfección el oficio de la “autonomía”: Lorenzo Córdova Vianello (asesor de Pepe entre 1996 y 2003) y Ciro Murayama (que ingresó tres años después, en 1999).
Pero Ciro y Lorenzo no heredaron únicamente un organismo técnico; heredaron la patente de corso de que la autonomía significaba nadie me audita, nadie me toca.
Bajo la retórica hueca de la defensa de las instituciones y el tono profesoral con el que Córdova respondía a cualquier fiscalización, las auditorías forenses a la contratación electoral desvelan hoy un patrón escandaloso: un oligopolio de proveedores consentidos que se alimentó del presupuesto público durante casi tres décadas.
Y lo de Guadalupe Taddei de ninguna manera es la manzana podrida de un árbol sano; es la autopsia de un bosque envenenado. La estructura del INE jamás se construyó para cuidar el voto del pueblo, sino para alimentar la codicia de sus cúpulas. Cambiaron las siglas,cambiaron los rostros y cambiaron las banderas, pero el saqueo siguió intacto. Y eso tiene que cambiar.
