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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Familias de personas desaparecidas exigieron transparencia e independencia en el nuevo grupo de especialistas convocado por la Secretaría de Gobernación para analizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al advertir que el proceso podría convertirse en otro intento de modificar cifras sin considerar a quienes llevan años buscando a sus seres queridos.
En una carta pública, madres, padres, hermanas, hijas y esposas de víctimas señalaron que desconocen los criterios de selección de los expertos, los objetivos de su trabajo, sus facultades y la duración de la revisión. También cuestionaron que las mismas autoridades cuyo desempeño será evaluado hayan participado en la designación del grupo.
Las familias subrayaron que el Registro Nacional no es una base de datos cualquiera, sino una herramienta fundamental para localizar a sus seres queridos, por lo que reclamaron que cualquier modificación se realice con criterios transparentes y con su participación.
La inconformidad se suma a las dudas generadas por la revisión realizada en marzo pasado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cuyos resultados incorporaron categorías como registros con “información suficiente”, casos que requieren completar datos y aquellos con “actividad posterior” a la desaparición.
De acuerdo con los firmantes, la falta de una metodología pública y el reconocimiento del propio SESNSP de que no contaba con facultades para realizar ese trabajo han alimentado la incertidumbre y la disputa por las cifras.
El pronunciamiento también cuestionó que las familias hayan quedado fuera de las decisiones y pidió que, una vez concluidos los instrumentos de colaboración y confidencialidad anunciados por Gobernación, se convoque a una reunión pública para conocer íntegramente sus términos y la forma en que serán aplicados.
La carta se difundió a pocos días de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas presente su informe sobre México ante la Asamblea General de la ONU, un contexto que, señalaron, vuelve especialmente relevante el reconocimiento de la magnitud de la crisis.
Los familiares también pidieron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México revisar su actuación y garantizar que las víctimas ocupen un lugar central en su trabajo.
Finalmente, solicitaron a los ocho especialistas convocados que escuchen a quienes enfrentan directamente las deficiencias del Registro Nacional y no reduzcan a sus seres queridos a cifras que cambian de una revisión a otra.
