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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El gobierno municipal de Toluca enfrenta nuevos señalamientos por presuntamente utilizar la estructura laboral del ayuntamiento para promover su imagen en redes sociales. Trabajadores de distintas áreas denunciaron que sus superiores les exigen compartir publicaciones institucionales desde sus cuentas personales, bajo advertencias de descuentos salariales o pérdida del empleo si incumplen las instrucciones.
La situación fue expuesta por la regidora Shantall Zepeda durante una sesión de Cabildo, donde informó que empleados municipales acudieron a su oficina para reportar estas prácticas. Según los testimonios que recibió, las órdenes se transmiten mediante mensajes de WhatsApp y establecen plazos de hasta diez minutos para replicar el contenido solicitado.
Las acusaciones colocan bajo cuestionamiento los mecanismos de comunicación del gobierno encabezado por Ricardo Moreno, particularmente por la presunta utilización de subordinados para amplificar mensajes favorables a su gestión. En lugar de limitar la difusión a los canales oficiales, las instrucciones denunciadas trasladarían esa tarea a las cuentas privadas de quienes dependen laboralmente del ayuntamiento.
Zepeda sostuvo que una cosa es informar a la población sobre servicios públicos, cierres viales, simulacros o medidas de Protección Civil, y otra muy distinta obligar a los trabajadores a respaldar publicaciones gubernamentales mediante amenazas relacionadas con su salario o permanencia en el cargo. La diferencia, señaló, radica en el carácter obligatorio de las instrucciones y en las posibles represalias contra quienes decidan no acatarlas.
La regidora también cuestionó que el alcalde afirmara desconocer lo ocurrido, pese a que los denunciantes aseguran haber recibido instrucciones de sus mandos inmediatos. Por ello, pidió a Ricardo Moreno intervenir para impedir que las relaciones laborales sean utilizadas como mecanismo de presión y garantizar que ningún servidor público tenga que comprometer sus perfiles personales para conservar su empleo.
Como medida preventiva, solicitó a la Dirección General de Administración y a Recursos Humanos emitir una circular para todas las dependencias municipales, con el propósito de precisar que la difusión de propaganda institucional desde cuentas particulares no debe imponerse mediante amenazas. También recordó que los empleados pueden acudir a la Contraloría Municipal y a la Comisión Municipal de Derechos Humanos para exponer posibles abusos. El señalamiento resulta especialmente delicado porque coincide con la promoción de encuestas que el propio alcalde ha difundido para mostrar niveles de respaldo ciudadano a su gestión.
En una administración municipal, los recursos humanos y materiales deben destinarse al cumplimiento de las funciones públicas, no a generar adhesiones obligatorias. Si se comprueban las presiones descritas, el problema trascendería una instrucción administrativa y exigiría determinar responsabilidades por posibles vulneraciones a los derechos laborales y a la libertad de expresión.
