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Diego Raya
Ciudad de México.- Las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo —demarcaciones administradas por los panistas, Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe Echartea, respectivamente— se posicionaron como las demarcaciones con la mayor cantidad de denuncias por el presunto cobro de servicios públicos, los cuales, son gratuitos para la ciudadanía. Entre estos dos perímetros, concentraron el 31.92 % de toda la incidencia registrada en la capital en los últimos tres meses.
De acuerdo con la información recopilada en el Tablero de Solicitudes *0311 de Locatel, entre el 8 de julio y el pasado 8 de octubre, la alcaldía Cuauhtémoc recibió un total de 42 quejas por el cobro de servicios públicos por parte de funcionarios adscritos a la demarcación.
De ese número de reclamos, un total de 31 fueron atendidos por la alcaldía, aunque todavía quedan 11 casos pendientes de resolución, lo cual equivale todavía al 26.19 % de la incidencia.
Por otro lado, la alcaldía Miguel Hidalgo se posicionó como el segundo lugar de las alcaldías con la mayor incidencia en dicha materia. Para muestra, durante los últimos tres meses la administración a cargo de Tabe Echartea recibió un total de 26 quejas por el cobro de servicios públicos. De ese total, la alcaldía ha tomado acciones en hasta 18 folios. Mientras tanto, todavía existen ocho denuncias que se encuentran pendientes de recibir la atención necesaria —es decir, el 30.76 % de la problemática—.
A la par de las demarcaciones mencionadas, hay otras que también registraron números altos en dicha problemática relacionada con el cobro de los servicios públicos: tal es el caso de la alcaldía Iztapalapa —perímetro administrado por la morenista, Aleida Alavez—. Entre el ocho de julio y el pasado 8 de octubre, la administración recibió un total de 18 quejas por el presunto cobro de servicios públicos. La alcaldía aún tiene el 55.55 % de la incidencia registrada.
Finalmente, la alcaldía que cierra el ranking de demarcaciones con los mayores problemas en dicha materia es Álvaro Obregón —a cargo del morenista, Javier López Casarín—, con un total de 16 denuncias por parte de ciudadanos por el cobro de servicios públicos. El 18.75 % de los casos aún no recibe solución. En la capital, el cobro indebido de servicios públicos o tarifas reguladas se castiga con diversas sanciones económicas, administrativas y penales, según el caso que sea aplicable.
