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DONCELES NO ES RING DE NADIE

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La política volvió a quedar a deberle a la ciudadanía

Lo ocurrido este viernes en el Congreso de la Ciudad de México entre la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios, deja una fotografía bastante incómoda de la vida pública capitalina: cuando los intereses políticos, las diferencias personales y las disputas por el poder se imponen, la ciudadanía termina convertida en espectadora de un espectáculo que no tendría por qué pagar.

La cita tenía un propósito mucho más importante que cualquier desencuentro entre dos figuras políticas: la comparecencia de la alcaldesa para discutir las necesidades presupuestales de Cuauhtémoc rumbo a 2027. Es decir, hablar de dinero público, servicios, seguridad, infraestructura y de lo que necesitan las familias que viven en una de las demarcaciones más complejas de la capital.

Pero Donceles terminó convertido en escenario de empujones, confrontaciones, acusaciones y denuncias de agresiones.

Alessandra Rojo de la Vega responsabilizó a Diana Sánchez Barrios de llevar grupos de personas que, según su versión, agredieron a trabajadores de la alcaldía y vecinos que acudieron a respaldarla. Incluso reportó más de una decena de personas lesionadas y decidió abandonar la comparecencia al considerar que no existían condiciones de seguridad.

Del otro lado, Diana Sánchez Barrios aseguró haber sido víctima de agresiones físicas y verbales, además de expresiones transfóbicas. También anunció acciones legales para que se investigue lo sucedido y se identifique a los responsables.

Y mientras ambas partes construyen sus respectivas versiones, hay una pregunta que no debería perderse entre declaraciones y videos: ¿quién se está ocupando de los ciudadanos?

Porque ni la investidura de una alcaldesa ni la de una diputada otorgan licencia para señalar culpables sin pruebas, promover confrontaciones o utilizar a grupos de personas como instrumentos de presión política. La responsabilidad pública también implica saber contenerse, respetar las instituciones y entender que las diferencias no se resuelven a golpes.

Tampoco puede pasarse por alto que las agresiones verbales, los insultos transfóbicos y cualquier forma de discriminación deben investigarse y sancionarse, independientemente de quién sea la víctima o de qué partido provenga.

Aquí no se trata de elegir entre Alessandra o Diana. Se trata de exigir que ambas respondan por sus actuaciones y que las autoridades competentes esclarezcan los hechos. Si hubo grupos de choque, que se identifique a quienes los convocaron; si hubo agresiones, que se determine quiénes las cometieron; si existieron omisiones de seguridad, que también se investiguen.

El Congreso tiene cámaras, instalaciones y protocolos. La Fiscalía tiene atribuciones para investigar. La Secretaría de Seguridad Ciudadana debe explicar qué ocurrió con el operativo y qué medidas se tomaron para proteger a quienes estaban dentro y fuera del recinto. No basta con intercambiar acusaciones en redes sociales ni con convertir cada incidente en una oportunidad para golpear políticamente al adversario.

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