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M. Flores
Ciudad de México. – Tuvieron que pasar cerca de cinco años para que una autoridad judicial confirmara que la Secretaría de la Contraloría General (SCG) de la Ciudad de México no realizó ninguna investigación sobre las denuncias de obras públicas con irregularidades por cerca de 360 millones de pesos durante 2012 y 2019.
Durante los gobiernos que tuvo la demarcación Benito Juárez con Jorge Romero (2012-2015), Christian Von Roehrich (2015-2018, actualmente encarcelado) y el primer trienio de Santiago Taboada (2018-2021), han sido denunciados por los esquemas del llamado Cártel Inmobiliario, pero también por acumular irregularidades en obra pública. Ante esta situación, un ciudadano de esta alcaldía promovió una denuncia ante la Contraloría de la CDMX en 2019 para que se investigue la corrupción, ya que es la dependencia encargada de esta labor.

No obstante, el curso de la denuncia evitó la investigación y protegió a los líderes del PAN sobre obras con sobreprecios, incompletas o no realizadas “rondaron los 360 millones de pesos por dos hermanos con tres compañías de papel que ganaron 53 licitaciones con Jorge Romero, Christian Von Roehrich y Santiago Taboada”, explicó el denunciante.
El resultado de la investigación quedó reservado por varios años y en enero de 2026, la Contraloría que encabeza Nashieli Ramírez notificó al denunciante que en 2021 se había determinado que no había ninguna irregularidad. Ante este actuar de la Contraloría, el ciudadano acudió al Tribunal de Justicia Administrativa local (TJA CDMX), autoridad que señaló la falta de investigación en el caso denunciado de corrupción en Benito Juárez.
En el recurso de inconformidad que resolvió el TJA CDMX, esta autoridad señaló “se desprende que no se realizó un estudio técnico jurídico de los oficios de respuesta al remitente” y añadió que no fueron investigados todos los documentos necesarios “de dichas documentales no se desprende que se solicitar la emisión del Estudio Técnico Jurídico”.
Debido a estos resultados el Tribunal ordenó desconocer la resolución de 2021 de la Contraloría y se repita la investigación por irregularidades en obras durante las gestiones de Romero, Von Roehrich y Taboada.
