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REDACCIÓN
Grupo Cantón
Padres y madres de alumnos de la Secundaria Técnica No. 13 “Gral. Lázaro Cárdenas”, ubicada en Naucalpan, realizaron una protesta para exigir atención a los problemas de seguridad que, de acuerdo con sus denuncias, afectan a estudiantes dentro y alrededor del plantel.
La movilización incluyó el bloqueo de la Calzada de los Remedios, donde los inconformes reclamaron una intervención de las autoridades ante hechos que consideran graves para la comunidad escolar. Entre sus principales demandas se encuentra la salida de la directora Ana Carolina, a quien responsabilizan de no atender oportunamente las situaciones reportadas por las familias.
Los manifestantes señalaron que en el centro educativo se han presentado episodios de violencia y acoso entre estudiantes. Sin embargo, el señalamiento de mayor preocupación corresponde a la presunta presencia y distribución de drogas en el entorno escolar, situación que, según los padres, representa un riesgo directo para adolescentes y menores.
La protesta expuso además inconformidades relacionadas con la actuación de la dirección y con el manejo de asuntos internos del plantel. Las familias demandaron respuestas concretas y mecanismos que permitan garantizar condiciones adecuadas para quienes acuden diariamente a clases.
El conflicto evidencia una problemática que rebasa las instalaciones escolares. Para los padres inconformes, la presencia de sustancias ilícitas en zonas frecuentadas por estudiantes requiere una respuesta coordinada entre autoridades educativas, de seguridad y municipales, debido a la edad de quienes podrían estar expuestos. Las acusaciones también alcanzan al gobierno municipal encabezado por Isaac Montoya. Los inconformes cuestionan que la autoridad local no haya logrado contener las condiciones de inseguridad que, aseguran, permiten que actividades relacionadas con las drogas alcancen espacios destinados a la formación de niños y adolescentes.
La exigencia de las familias es que las autoridades investiguen las denuncias, determinen responsabilidades y adopten medidas para impedir que el consumo o posible comercialización de sustancias ilícitas se normalice alrededor de los planteles. El caso también plantea la necesidad de que las autoridades educativas esclarezcan los señalamientos contra la dirección y comuniquen qué acciones serán implementadas para garantizar la integridad de los alumnos. Mientras no existan respuestas institucionales claras, las familias advierten que mantendrán la presión para obtener soluciones.
