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REDACCIÓN
El ayuntamiento de Teoloyucan acusó posibles irregularidades en el procedimiento territorial que se desahoga ante la Legislatura mexiquense, luego de que Melchor Ocampo habría sido reconocido como parte demandada dentro del expediente iniciado contra Cuautitlán, pese a que su participación correspondía, según las autoridades denunciantes, a la figura de tercero interesado.
El presidente municipal de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno Santaella, sostuvo que dicha modificación altera las condiciones originales del litigio y podría perjudicar la defensa de la demarcación. Ante ello, exigió a la Comisión de Límites Territoriales revisar las pruebas sin presiones políticas ni decisiones favorables para alguno de los involucrados.
“Nosotros queremos que se hagan bien las cosas, legal. No queremos que tengamos influyentismos, que sea todo legal. Que se lleve el proceso normal. Que revisen todas las pruebas que hemos entregado. Estamos sintiendo que la balanza se está yendo del otro lado”, declaró. La sindicatura informó que el expediente contiene documentos históricos, antecedentes agrarios, cartografía, estudios topográficos y constancias sobre la prestación de servicios públicos.
Estos elementos, aseguró, permitirían acreditar la jurisdicción ejercida durante años sobre las localidades en controversia. El gobierno teoloyuquense también cuestionó que Melchor Ocampo incorporara en su Bando Municipal de 2026 diversas comunidades que anteriormente no aparecían reconocidas como propias.
Entre las zonas reclamadas se encuentran El Colorado y Villa María. La incorporación unilateral, señaló, carecería de una resolución definitiva del Poder Legislativo.
La síndica rechazó recurrir a movilizaciones violentas o alimentar enfrentamientos entre habitantes de municipios vecinos. No obstante, advirtió que el diálogo no debe convertirse en una negociación discrecional ni sustituir el análisis jurídico de las evidencias presentadas.
El diferendo contra Cuautitlán comenzó formalmente en 2025. La posterior intervención de Melchor Ocampo amplió la controversia y elevó la exigencia presión política alrededor del expediente. La Comisión legislativa está obligada a explicar con claridad bajo criterios jurídicos la calidad lace calidad reconocida a cada participante.
La falta de transparencia en esta etapa alimenta sospechas de trato preferencial y debilita la certeza de las comunidades afectadas. Teoloyucan exigió reponer cualquier actuación contraria al procedimiento, respetar la demanda original y emitir una resolución sustentada. “Vamos a defender metro por metro”, afirmó Zenteno Santaella.
