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Ana E. Rosete
Ciudad de México.– La elaboración del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045 enfrenta cuestionamientos ciudadanos. A través de documentos entregados al Congreso de la Ciudad de México, integrantes de la sociedad civil, entre ellos voces agrupadas en La Voz de Polanco, solicitaron que se reponga el proceso desde su etapa de formulación.
Los escritos fueron entregados a las diputadas Claudia Montes de Oca y Laura Alejandra Álvarez, integrantes de la III Legislatura, y contienen observaciones sobre presuntas violaciones al procedimiento, irregularidades jurídicas y vulneraciones a derechos relacionados con la participación ciudadana.
Uno de los principales señalamientos apunta al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), al que acusan de no haber convocado durante 2025 a los Comités de Participación Comunitaria (COPACOS), organizaciones de la sociedad civil, vecinos e instituciones académicas para intervenir en la elaboración del proyecto.
Los promoventes sostienen que esta ausencia de participación habría provocado que el documento contenga, desde su perspectiva, “incongruencias jurídicas” y “vacíos legales”, además de no responder a las necesidades y visión de los habitantes de la capital.
El reclamo contrasta con lo señalado en el propio proyecto del PGD, específicamente en su apartado de metodología, donde se afirma que se realizaron reuniones de trabajo con actores académicos, sociales y privados, así como con organizaciones de la sociedad civil, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
Los ciudadanos piden al Congreso revisar esta diferencia y determinar si el proceso cumplió con las obligaciones establecidas en la legislación.
Entre los fundamentos citados se encuentra el artículo 16 de la Ley Orgánica del IPDP, que establece atribuciones de la Oficina Especializada para la Consulta Pública y la Participación Social, entre ellas emitir convocatorias para la participación ciudadana en las etapas de formulación de los instrumentos generales de planeación y convocar a los Comités de Participación Comunitaria.
También invocan el artículo 5 de dicha legislación, que establece entre las atribuciones del Instituto promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y organizaciones sociales para participar en las distintas etapas y escalas del proceso integral de planeación.
Los documentos recuerdan que el 7 de octubre de 2025 se publicaron en la Gaceta Oficial las fechas de inicio de la consulta pública y de la consulta indígena del proyecto del PGD: 10 y 3 de noviembre de 2025, respectivamente, con una etapa de consulta que concluyó el 10 de abril de 2026.
Los inconformes sostienen que sus cuestionamientos fueron planteados desde el inicio tanto al IPDP como a la Jefatura de Gobierno, encabezada por Clara Brugada, al considerar necesaria una reposición del procedimiento.
Además, señalan que la Ley Orgánica del Instituto contempla órganos como el Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano, con responsabilidades relacionadas con la congruencia técnica y normativa de los documentos y la supervisión de las distintas etapas de elaboración.
