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REDACCIÓN GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Colectivos de madres buscadoras iniciaron un juicio de amparo en contra de la Fiscalía General de la República (FGR) y las 32 fiscalías estatales por omisión, argumentan que las instituciones no han garantizado una adecuada operación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) debido a que no opera plenamente, mientras que las autoridades responsables han omitido su obligación de garantizar el funcionamiento correspondiente.
La denuncia se estableció de manera formal el pasado miércoles 7 de octubre en los juzgados de distrito en materia penal del Primer Circuito Judicial de la Federación.
Se señala directamente a la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy Ramos, así como a la fiscal especializada en materia de derechos humanos, Mariana Díaz Figueroa, y a los treinta y dos fiscales estatales.
Las demandantes, encabezadas por las madres buscadoras Margarita López y Brenda María Valenzuela, que se mantenían en campamento permanente en frente de las instalaciones de la FGR, acusan de inacción gubernamental lo que violenta el derecho de las víctimas directas, es decir, aquellas personas que se encuentran desaparecidas, a ser buscadas y de las víctimas indirectas, personas cercanas, a obtener una respuesta favorable.
Señalaron que el 22 de diciembre de 2022, mientras Alejandro Gertz Manero era el titular de la instancia, ahora es embajador de México en el reino Unido, se formularon las Bases de Colaboración para la operación del Banco Nacional de Datos Forenses, en el cual se emitió un compromiso para habilitar los mecanismos tecnológicos correspondientes que permitir una conexión digital en tiempo real con datos, registros y sistemas de las fiscalías, pero lamentaron que al momento no hay información pública sobre ello.
Entre las medidas que se contemplaron estaban la indicación para las fiscalías estatales de implementar un plan de integración que diera paso a la homologación del registro, procesamiento y difusión de la información contenida.
