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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo este miércoles, por mayoría de votos, dos amparos promovidos por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, para determinar si una persona extraditada de Estados Unidos puede ser procesada en México por delitos distintos a aquellos por los que fue entregada.
El caso llegó al máximo tribunal luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito solicitara definir, mediante los amparos en revisión 1241/2024 y 1783/2024, si Duarte tiene derecho de audiencia y defensa antes de enfrentar nuevos cargos.
El debate se centra en la llamada “regla de especialidad”, prevista en el artículo 17 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que establece que una persona extraditada sólo puede ser juzgada por delitos distintos a los que motivaron su entrega cuando el país que la extraditó otorgue su consentimiento.
Duarte fue extraditado a México en junio de 2022 para enfrentar acusaciones por asociación delictuosa y peculado agravado, relacionadas con un presunto desvío superior a 96 millones de pesos.
En 2023, el exmandatario promovió un amparo al argumentar que México solicitó a Estados Unidos autorización para procesarlo por una causa penal distinta sin garantizarle previamente su derecho de audiencia. Una jueza federal le concedió la protección, anuló la audiencia inicial de agosto de ese año, dejó sin efectos la orden de aprehensión derivada de esa causa y ordenó su libertad.
Las autoridades federales impugnaron la resolución al sostener que el consentimiento de Estados Unidos forma parte de un trámite diplomático de cooperación internacional y no de un nuevo procedimiento de extradición, por lo que el extraditado no tendría derecho de audiencia.
Ahora, la SCJN deberá resolver los alcances de la regla de especialidad y determinar si Duarte debe ser escuchado y contar con medios de defensa cuando México busca procesarlo por nuevos delitos.
El exgobernador enfrenta, además, desde diciembre de 2025, un proceso federal por presunto lavado de dinero y permanece recluido en el penal del Altiplano.
