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Ya pocos se acuerdan de cuando votó a favor de la Reforma Educativa de Peña Nieto,
tampoco que fue el que puso alguno de los peores perfiles en las elecciones y que la
mayoría se ganó por el efecto AMLO; tampoco que, recién nombrado Secretario de
Educación fue el primero en abrirle la puerta a las empresas, que sus pésimos manejos de
conflictos hicieron crecer el problema con Marx Arriaga; que sus declaraciones como: “la
escuela no es resguardo infantil”, como pretexto para adelantar vacaciones por coincidir con
una lógica de mercado más que educativa, hicieron que la opinión pública lo tundiera por su
irresponsabilidad cuando aún resonaba su frase célebre “los niños que no nacen no van a la
escuela”; el deficiente manejo que ha dado al conflicto del IPN, desoyendo las denuncias de
los alumnos por malos manejos económicos y corrupción por parte del Director General del
IPN, Arturo Reyes Sandoval, denunciados desde finales del año pasado y que el secretario
dejó crecer hasta llegar a la toma de las instalaciones de Canal 11 como medida extrema,
cuando jamás se debió llegar a ello si las denuncias hubieran sido atendidas y no
precisamente con mesas que solo alargaron el problema en lugar de solucionarlo, ahora se
suma una más del secretario, ya que apareció en un spot promocional de la Beca Rita
Cetina, grabado en una sucursal de la librería Porrúa, específicamente en la casa matriz,
situada en la calle de Argentina 15; en su spot, menciona que los 2,500 pesos son un
“regalo que les manda la presidenta”.
Delgado vulnera muchas disposiciones legales y constitucionales, como el artículo 134 en el
que se prohíbe de manera estricta el uso de propaganda gubernamental para promoción
personalizada de un servidor público; al mencionar que es un “regalo de la presidenta” viola
el principio de neutralidad y de paso miente, porque son recursos públicos y no de la
mandataria; vulnera el principio de honradez y disciplina financiera a afirmar en su discurso que es una dádiva personal de la presidenta; por otro lado, las reglas de operación de programas sociales indican claramente que la difusión de programas sociales no debe estar ligada al poder público. Finalmente, el que se haya grabado en un establecimiento privado (librería Porrúa), viola el principio de imparcialidad comercial y siembra la duda de conflicto de interés, ¿bajo qué condiciones se permitió la grabación en dicha librería, para difundir un programa social que es otorgado con dinero público? La ley también es clara en ese sentido e indica que las filmaciones de esta naturaleza tendrán que ser: “en espacios públicos, oficinas institucionales o planteles educativos adecuados”.
Dudo que Delgado desconozca lo que aquí menciono y dudo más que de esto tuviera
conocimiento la presidenta, ¿por qué lo hizo? ¿fuego amigo?
Ana María Vázquez
Dramaturga/Escritora
@Anamariavazquez
