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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La Guardia Municipal de Naucalpan enfrenta una nueva ola de cuestionamientos tras la difusión de un video en el que un reportero denunció haber sido agredido por policías mientras realizaba la cobertura de un operativo de seguridad en la colonia La Florida.
El comunicador Miguel Martínez Sarmiento, de Telediario, aseguró que los uniformados lo sometieron y le retiraron su teléfono celular cuando transmitía en vivo los acontecimientos derivados de una persecución relacionada con el robo de un vehículo.
Las imágenes del incidente fueron difundidas en tiempo real y rápidamente generaron reacciones entre periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
El operativo donde ocurrieron los hechos concluyó con un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes, con saldo de un hombre fallecido, una mujer lesionada por impacto de bala y un mando policial que recibió disparos en el chaleco antibalas. Sin embargo, el desarrollo del dispositivo quedó opacado por las denuncias sobre la actuación de algunos elementos contra el representante de los medios de comunicación.
Tras la difusión del caso, el Ayuntamiento informó que la Dirección de Asuntos Internos revisará el comportamiento de los policías involucrados para determinar si incurrieron en irregularidades durante la intervención. Paralelamente, la Fiscalía estatal mantiene abierta una investigación para establecer responsabilidades.
El episodio reavivó las críticas hacia la corporación municipal, debido a que diversos sectores señalaron que una actuación de esta naturaleza deteriora la confianza ciudadana y proyecta una imagen de falta de control sobre los elementos encargados de la seguridad pública.
Organizaciones periodísticas recordaron que el ejercicio informativo constituye una actividad protegida por la ley y demandaron que la investigación se realice con imparcialidad, además de que, en caso de acreditarse responsabilidades, se impongan las sanciones correspondientes.
Para habitantes de Naucalpan, el caso representa una nueva señal de alerta sobre la necesidad de fortalecer los controles internos, la capacitación y la rendición de cuentas dentro de la corporación, con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a repetirse y recuperar la confianza de la población.
