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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La incapacidad de las autoridades para resolver un conflicto territorial que se arrastra desde hace años mantiene a Teoloyucan sin nuevas inversiones y con menores oportunidades de desarrollo, al menos así lo argumentó el edil Luis Domingo Zenteno Santaella al tratar de evadir los fallos y grandes vacíos de su gestión.
El presidente municipal responsabilizó a dependencias del Gobierno del Estado de México, entre ellas el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), de obstaculizar la instalación de nuevas empresas al mantener sin resolver la delimitación territorial de diversas zonas.
Afirmó que esta falta de decisiones ha convertido un problema técnico en un obstáculo para el crecimiento económico.
Y es que mientras otras regiones captan empresas y generan empleos, este municipio permanece atrapado en una disputa administrativa que, lejos de encontrar una solución, continúa siendo utilizada como argumento para frenar proyectos productivos.
El edil sostuvo que inversionistas interesados en establecerse en Teoloyucan cumplen con los requisitos legales, pero enfrentan procesos detenidos por la incertidumbre jurídica derivada de los límites municipales. Señaló que la falta de coordinación entre las dependencias estatales refleja una ausencia de voluntad política para resolver un conflicto que afecta directamente a la población.
Las consecuencias ya son visibles. Cada proyecto que deja de instalarse representa menos empleos, menor recaudación y menos recursos para fortalecer los servicios públicos. Habitantes del municipio observan cómo localidades vecinas continúan creciendo en infraestructura e inversión privada, mientras Teoloyucan pierde competitividad por causas ajenas a sus propias condiciones económicas.
El alcalde aseguró que el ayuntamiento ha cumplido con su responsabilidad al facilitar trámites municipales y brindar condiciones para la llegada de capital privado; sin embargo, afirmó que las decisiones finales permanecen detenidas en instancias estatales. Consideró que la falta de definiciones administrativas termina castigando a miles de familias que esperan nuevas oportunidades laborales.
