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Por Ricardo Sevilla
Ayer detuvieron a Alejandro Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de la exconductora de TV Azteca: Inés Gómez Mont.
Y quiero decirle que la incorporación de la señora Inés a la estructura delictiva de las empresas factureras nunca fue un asunto de páginas de sociedad o de espectáculos, como se nos ha intentado hacernos creer; fue, en el sentido más estricto, una maniobra de blindaje oligárquico.
Esta señora, quien es sobrina de un exsecretario de Gobernación del calderonismo y nieta de uno de los fundadores históricos del PAN, Gómez Mont encarna el puente perfecto entre la vieja aristocracia política y el empresariado dedicado a la evasión fiscal de alta gama.
Hoy sabemos que en los estratos más altos de la pirámide social mexicana, los apellidos no son solo identidad, sino que operan como un activo de capital social diseñado para la transferencia de impunidad.
Y es importante entender esto porque la red criminal que desfalcó al erario federal no se construyó en la clandestinidad de la periferia, sino en los despachos alfombrados y salones de la alta burguesía que naturalizaron el saqueo institucionalizado.
Mientras el hermano del magnate, Alejandro Álvarez Puga, ya duerme en el Reclusorio Sur tras un sorpresivo operativo en Cancún, el matrimonio prófugo pretende usar su árbol genealógico e influencia para venderle al ICE la narrativa de que son “perseguidos políticos conservadores”.
Pero estoy seguro que la presidenta Sheinbaum no lo permitirá. ¿Y sabe por qué? Porque ayer, la primera mandataria envió un mensaje contundente: México no aceptará la injerencia extranjera que exige cabezas en el combate al narcotráfico mientras Estados Unidos actúa como el paraíso fiscal de los delincuentes de cuello blanco.
