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Las medidas oficiales fueron anunciadas cuando la inconformidad social ya evidenciaba el deterioro de la zona forestal
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La estrategia anunciada por el gobierno de Ocoyoacac para enfrentar la tala clandestina llegó después de que el conflicto alcanzara uno de sus momentos más críticos.
En conferencia de prensa, la presidenta municipal, Nancy Valdez, informó que se mantienen recorridos de vigilancia y coordinación con autoridades estatales, federales y comités comunitarios para proteger las áreas boscosas del municipio, principalmente en los límites con Xalatlaco.
Las declaraciones ocurrieron semanas después de que habitantes de San Pedro Atlapulco bloquearan la carretera México-Toluca e incendiaran vehículos que señalaron como utilizados por presuntos talamontes, una protesta con la que exigieron resultados ante el avance de la devastación forestal y la falta de acciones eficaces para detener a los responsables.
La propia alcaldesa reconoció que la zona afectada en el límite con Xalatlaco alcanza entre uno y un kilómetro y medio de extensión. Lejos de reflejar una recuperación, esa dimensión confirma que la extracción ilegal continúa avanzando pese a los operativos anunciados por el ayuntamiento.
Aunque la administración municipal destacó la participación de comités vecinales que reportan actividades sospechosas y la revisión de unidades que transportan productos forestales, habitantes de la región sostienen que esas acciones resultan insuficientes frente a la presencia de grupos organizados dedicados a la explotación ilegal de madera, cuya operación permanece activa desde hace varios años.
La magnitud del problema también quedó reflejada en los registros oficiales. Datos del Congreso mexiquense y de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura ubican a Ocoyoacac entre los municipios con mayores pérdidas forestales dentro del Bosque de Agua. Tan solo en 2022 se documentó la desaparición de mil 310 hectáreas de superficie arbolada, mientras que en febrero pasado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró un aserradero de la región por no acreditar la procedencia legal de la madera.
La alcaldesa también anunció programas de reforestación y colaboración con ejidos, instituciones educativas y empresas. No obstante, dichos proyectos fueron presentados cuando la problemática ya había provocado movilizaciones ciudadanas y evidenciado que la respuesta institucional fue rebasada por la magnitud del deterioro ambiental, situación que mantiene la exigencia de acciones permanentes y resultados concretos para frenar la pérdida de los bosques.
