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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Esta semana se registró la interrupción del suministro eléctrico en el cárcamo y estación de rebombeo de la Ex Hacienda San Miguel lo cual reactivó la problemática del agua potable en Cuautitlán Izcalli y exhibió nuevamente la falta de capacidad de la administración municipal para prevenir una contingencia que terminó afectando directamente a la población.
El corte, realizado por la Comisión Federal de Electricidad debido a un adeudo de Operagua, dejó fuera de operación una de las instalaciones más importantes para la distribución del servicio en distintos sectores del municipio.
Tras darse a conocer la suspensión, el gobierno encabezado por Daniel Serrano calificó la medida como injustificada y aseguró que la actual administración mantiene cubiertos los pagos correspondientes a su periodo. Sin embargo, reconoció que existe un adeudo histórico del organismo operador, sin explicar las acciones emprendidas para liquidarlo o evitar que ese pasivo continuara poniendo en riesgo el funcionamiento de la infraestructura hidráulica.
La respuesta oficial se centró en responsabilizar a la CFE por la decisión de suspender el suministro eléctrico e incluso anunció que buscaría acciones legales por considerar que se vulneró el derecho humano al agua. No obstante, el conflicto dejó al descubierto que el problema financiero no ha sido solucionado y que el organismo operador continúa expuesto a nuevas medidas similares mientras el adeudo permanezca vigente.
Habitantes de diversas colonias señalaron que las fallas en el servicio no comenzaron con este episodio. Desde semanas atrás reportaban tandeos, baja presión y retrasos en el abastecimiento, situación que obligó a numerosas familias a almacenar agua o contratar pipas para atender sus necesidades básicas. Para los vecinos, la suspensión eléctrica únicamente agravó una situación que ya presentaba deficiencias y que, afirman, no ha recibido una respuesta efectiva por parte del gobierno municipal.
Especialistas en materia hidráulica han señalado que los organismos operadores requieren estabilidad financiera para garantizar la continuidad de los servicios públicos. Cuando existen pasivos elevados con proveedores estratégicos, como la empresa encargada del suministro eléctrico, aumenta el riesgo de interrupciones que terminan impactando a la población, especialmente en municipios con alta demanda de agua potable.
Aunque el servicio eléctrico fue restablecido horas después y el sistema volvió a operar, el problema de fondo permanece sin resolverse.
