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Juan R. Hernández
Ciudad de México.- “Si lo sabe Clara, entonces no hay nada que hacer”. Con esa frase, Mariana Ascensio Quiroz, jardinera y exintegrante de un programa social de mantenimiento urbano, resume la crisis que, asegura, enfrentan cientos de trabajadores de limpia y áreas verdes de la Ciudad de México.
La denunciante sostiene que existe una cadena de omisiones, amenazas, despidos injustificados y posibles abusos de poder dentro de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), situación que, afirma, ha sido reportada en diversas ocasiones sin obtener respuesta.
Ascensio relata que el origen de esta problemática se remonta al despido masivo de aproximadamente 6 mil trabajadores de empresas de outsourcing de limpieza, ocurrido en enero de 2025. Muchos de ellos, asegura, fueron canalizados posteriormente a programas sociales operados por el Gobierno capitalino para realizar labores de barrido, jardinería, poda y mantenimiento de espacios públicos.
Según su testimonio, las condiciones laborales distan de ser adecuadas. Afirma que los trabajadores realizan tareas de alto riesgo sin capacitación suficiente, sin prestaciones laborales y, en algunos casos, sin el equipo básico de protección. Incluso sostiene que los uniformes entregados carecen de elementos reflejantes adecuados para jornadas nocturnas o labores en avenidas de intenso tránsito vehicular.
La denunciante menciona directamente a varios funcionarios y exfuncionarios a quienes responsabiliza de ignorar o bloquear sus planteamientos.
Entre ellos se encuentran Raúl Basulto Luviano, titular de la SOBSE; Adrián Hernández Molina, director de Servicios Urbanos y Sustentabilidad (quien coordinó el programa); Martín Ruiz Arteaga, director de Obras; Javier Rojas Morales, coordinador de Áreas Verdes y Espacios Públicos; Karla Ivonne Munguía Ávila, identificada como abogada de la dependencia; Saraí Araujo, funcionaria de atención ciudadana; Inés González Nicolás, secretaria del Trabajo de la Ciudad de México, así como la oficina de César Cravioto (Secretaría de Gobierno), a donde también acudió en busca de apoyo institucional.
Ascensio asegura que presentó denuncias ante Contraloría y otras instancias contra funcionarios específicos por presunto abuso de poder. A partir de ello, sostiene que comenzaron las represalias. Afirma que Karla Ivonne Munguía Ávila le planteó retirar sus denuncias como condición para reincorporarla al programa social, situación que considera una amenaza directa.
La jardinera también denuncia que fue dada de baja después de negarse a desistirse de los procedimientos iniciados. Asimismo, señala que integrantes de su cuadrilla fueron removidos de sus puestos y que incluso desapareció herramienta de trabajo valuada en aproximadamente 10 mil pesos.
Otro de los puntos que expone es la muerte de trabajadores vinculados al programa. Según su versión, al menos cuatro personas han perdido la vida en distintos incidentes, dos de ellas en accidentes viales. Mariana sostiene que estas tragedias pudieron evitarse con protocolos adecuados de seguridad y mejores condiciones operativas.
Además, denuncia presuntos cobros irregulares a trabajadores para evitar sanciones o bajas dentro del programa. De acuerdo con su relato, algunos beneficiarios deben entregar entre 250 y 300 pesos cuando faltan por enfermedad o motivos familiares, pese a recibir apenas alrededor de 4 mil 250 pesos por quincena.
La denunciante asegura contar con oficios, denuncias, fotografías, videos, correos electrónicos y testimonios que respaldan sus señalamientos. También afirma haber acudido a diversas audiencias ciudadanas sin lograr que sus planteamientos lleguen directamente a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Mientras tanto, hombres y mujeres que diariamente recogen basura, realizan poda, retiran animales muertos y mantienen parques y camellones continúan desempeñando sus labores en condiciones que, según Mariana Ascensio Quiroz, permanecen invisibles para la mayoría de los capitalinos y siguen esperando una respuesta de las autoridades.
