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César A. Muñoz
Ciudad de México.- La diputada Cecilia Vadillo acusó que legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaran en contra de su iniciativa que buscaba obligar a las empresas a retirar el cableado en desuso, en entrevista para Diario Basta.
La legisladora calificó esta postura como un acto de “politiquería” y lamentó que se rechazara una propuesta enfocada en atender una demanda ciudadana relacionada con la seguridad y la protección civil.
Aunque muchos cables ya no tienen ninguna utilidad, permanecen en postes y banquetas en las calles de la CDMX colgando sobre las banquetas que representan un riesgo constante para peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.
De acuerdo con Vadillo, alrededor del 60% de los cables que actualmente cuelgan en las calles ya no cumplen ninguna función, por lo que en los hechos se han convertido en basura acumulada en el espacio público. La legisladora señaló que el problema se encuentra presente en toda la ciudad, aunque alcaldías como Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc concentran numerosos reportes.
En la demarcación dirigida por Mauricio Tabe, señalada por la diputada, comenta que el problema no es nuevo. “Hace cuatro años se presentó un Bando Único para atender la problemática del cableado irregular; sin embargo, vecinos continúan denunciando la presencia de cables abandonados en distintas colonias.”
Para Vadillo, la persistencia de estos puntos demuestra que todavía se requieren acciones más eficaces por parte de las autoridades locales para enfrentar una problemática que sigue afectando la imagen urbana.
Vadillo recordó que anteriormente se realizaron trabajos para retirar aproximadamente 650 kilómetros de cableado; sin embargo, el problema continúa creciendo debido a la constante instalación de nueva infraestructura y a la falta de retiro oportuno de los cables que dejan de utilizarse.
Pese a ello, el Congreso local aprobó una reforma para reconocer el cableado abandonado como un asunto de Protección Civil, lo que permitirá a las alcaldías intervenir cuando estas instalaciones representen un peligro para la población.
La reforma establece se deberán identificar los puntos de riesgo, atender denuncias vecinales, elaborar dictámenes técnicos y proceder al retiro del cableado cuando exista un peligro para la población. Sin embargo, la obligación directa para que las empresas retiren los cables en desuso quedó fuera del dictamen final tras la oposición de algunas fuerzas políticas.
