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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Más de 52 mil millones de pesos, contratos con al menos 37 gobiernos estatales y municipales y casos en los que hasta 78% del presupuesto de seguridad terminó en manos de un solo proveedor forman parte de los hallazgos de La rentabilidad del miedo, una investigación periodística que expone cómo la inseguridad se convirtió en un negocio multimillonario en México.
El trabajo, realizado por POPLab y CONNECTAS, documenta que durante más de una década gobiernos de distintos partidos políticos apostaron por la videovigilancia como respuesta principal frente a la violencia.
Cámaras, drones, centros de monitoreo y arcos carreteros fueron adquiridos con recursos públicos bajo la promesa de que una mayor tecnología se traduciría en mayor seguridad. Sin embargo, los resultados no respaldan esa expectativa.
La investigación se basa en el análisis de miles de registros fiscales, contratos públicos, actas corporativas y documentos financieros relacionados con Seguritech Privada, considerada la principal proveedora de tecnología de seguridad para gobiernos en el país.
Desde 2012, la empresa ha obtenido contratos por más de 52 mil millones de pesos, equivalentes a más de 3 mil millones de dólares.
Detrás de estas cifras existen historias de víctimas y familias que continúan exigiendo justicia. Los reportajes documentan casos de personas que esperaron durante meses para que autoridades revisaran grabaciones de videovigilancia que ya habían sido borradas o que simplemente no existían.
También recogen testimonios de madres buscadoras que denuncian sistemas aparentemente sofisticados en las presentaciones oficiales, pero ineficaces cuando se requieren para localizar personas desaparecidas o esclarecer delitos.
Los hallazgos señalan además que los servicios contratados no se han reflejado en mejoras sustanciales de seguridad pública y que, en múltiples ocasiones, las cámaras instaladas presentan fallas o no generan evidencia útil para investigaciones criminales.
Otro de los aspectos documentados es la existencia de una red de empresas vinculadas o subcontratadas para prestar servicios relacionados con los contratos gubernamentales.
De acuerdo con la investigación, algunas reciben comisiones millonarias por éxito que superan ampliamente los estándares del mercado, mientras que el rastro del dinero público se diluye entre despachos fiscales y compañías con actividades difíciles de identificar.
José Flores, integrante de la organización R3D, recordó que en las filtraciones de correos de Hacking Team aparecieron intercambios entre intermediarios que buscaban inflar artificialmente los precios de tecnologías de vigilancia.
Los periodistas buscaron la postura de Ariel Picker y Daniel Esquenazi sobre el modelo de negocio, los contratos y la operación de Seguritech. Aunque la empresa indicó que respondería mediante un asesor y revisión jurídica de los cuestionarios enviados, al cierre de la investigación no se había recibido respuesta.
La indagatoria concluye que el verdadero debate no sólo gira en torno a la tecnología, sino sobre cómo se ejerce el gasto público destinado a combatir la violencia, quiénes obtienen los beneficios económicos y por qué sigue siendo tan difícil transparentar el destino final de miles de millones de pesos.
