Visitas
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El nuevo esquema de regularización dirigido al sector joyero abrió un frente de inconformidad entre empresarios mexiquenses, quienes acusaron que el Gobierno del Estado de México pretende incrementar la presión recaudatoria sobre negocios establecidos sin presentar mecanismos claros de transparencia ni resultados visibles en materia de apoyo económico, fortalecimiento comercial o combate a la informalidad.
La molestia surgió luego de la entrega de notificaciones mediante las cuales se solicita a los establecimientos cumplir con procedimientos administrativos que, según los afectados, podrían representar pagos de hasta 30 mil pesos por unidad económica cada año.
Verónica Valdés González, ex presidenta del Patronato Pro-Centro Histórico de Toluca, señaló que la medida impactaría directamente a pequeños comerciantes, especialmente aquellos instalados en corredores tradicionales como Los Portales, donde existen negocios familiares con márgenes de operación reducidos.
La representante sostuvo que el problema central no radica únicamente en el monto económico, sino en la aplicación generalizada del esquema. Explicó que el cobro sería replicado por cada establecimiento, aun cuando pertenezcan a un mismo propietario, sin considerar dimensiones, número de trabajadores ni capacidad financiera.
Los inconformes también cuestionaron el sustento normativo utilizado por las autoridades. Argumentaron que parte de las disposiciones empleadas originalmente estaban orientadas a actividades vinculadas con casas de empeño y compraventa de bienes pignorados, situación que, afirman, no corresponde al funcionamiento ordinario de una joyería dedicada a la venta de piezas nuevas.
Empresarios consultados advirtieron que el incremento de cargas administrativas podría provocar cierres parciales, reducción de operaciones e incluso el traslado de algunos comerciantes hacia esquemas informales.
