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ANA E. ROSETE
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La opacidad en el manejo de los recursos destinados a la salud se profundizó en México: 28 de las 32 entidades federativas reprobaron en transparencia del gasto sanitario, de acuerdo con el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas (ITGSEF) 2026 elaborado por aregional.
El estudio revela que más del 85 por ciento de los gobiernos estatales incumple con obligaciones básicas de rendición de cuentas, mientras hospitales y sistemas de salud enfrentan crisis de atención, desabasto y deficiencias operativas.
Entre los hallazgos más graves destaca que 27 de las 32 entidades no publican información sobre control de medicamentos, en medio de constantes denuncias por desabasto. Además, el 87.5 por ciento no desglosa información del personal financiado con recursos federales del FASSA y casi 70 por ciento incumple con lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable sobre plazas laborales.
Solo cuatro estados , Jalisco, Querétaro, Sinaloa y Guanajuato, lograron superar el nivel mínimo de transparencia exigido.
El informe advierte un deterioro generalizado respecto a 2025 y documenta que la mayoría de los gobiernos mantiene portales incompletos, desactualizados o incluso con enlaces inactivos, imposibilitando conocer cómo y en qué se gasta el dinero público destinado a salud.
La opacidad también alcanza a las cúpulas del sector: únicamente 12 sistemas estatales de salud transparentan sueldos y salarios de altos funcionarios.
A ello se suma que 14 estados no reportan auditorías internas o externas recientes, debilitando mecanismos de vigilancia y detección de irregularidades.
El análisis de aregional señala además que más del 65 por ciento de las entidades no informa sobre certificaciones de calidad en servicios médicos, lo que impide evaluar si hospitales y clínicas cumplen estándares mínimos de atención.
El apartado de Evaluación de Resultados, Costos Operativos y Estadísticas obtuvo niveles especialmente bajos, reflejando, según el reporte, desinterés institucional por generar y actualizar información estratégica.
El estudio exhibe casos extremos como Nayarit, que cayó 20 posiciones por abandonar sus portales de transparencia, mientras San Luis Potosí mejoró parcialmente tras retomar la publicación de datos.
