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Por Diana Sánchez Barrios
El intento por “corregir” la orientación sexual o la identidad de género constituye una de las formas más graves de violencia contemporánea contra la dignidad humana. Bajo discursos de salvación moral, rehabilitación espiritual o restauración de un supuesto “orden natural”, estas prácticas parten de una premisa profundamente autoritaria al considerar que existe una forma legítima de ser persona y que toda diferencia debe ser modificada, disciplinada o anulada.
Lo ocurrido con la llamada Patrulla Espiritual en la ciudad de Tijuana, donde se pretendió “rehabilitar” a una mujer trans, obliga a reflexionar no solo sobre un hecho preocupante, sino sobre la persistencia de estructuras culturales que convierten a la diversidad humana en objeto de persecución moral. Detrás de estos actos existe una lógica peligrosa orientada a transformar la identidad en enfermedad, el disenso corporal en desviación, y la libertad individual en pecado susceptible de castigo o corrección.
Las denominadas “terapias de conversión”, hoy consideradas prácticas violatorias de derechos humanos, no son tratamientos, acompañamientos espirituales, ni ejercicios de libertad religiosa. Son mecanismos de coerción simbólica, psicológica y, muchas veces, de represión física. Su objetivo no es cuidar personas, sino imponer “normalidad”. Por esto, distintos organismos internacionales establecen que intentar modificar la orientación sexual o la identidad de género vulnera derechos fundamentales como la dignidad, autonomía, integridad personal y libre desarrollo de la personalidad.
La idea misma de “rehabilitar” a una persona trans revela un problema de fondo, representado por el asumir que la existencia trans constituye un error que debe corregirse. Ninguna identidad humana necesita ser reparada para ser digna de respeto. Lo que requiere transformación no son las personas diversas, sino las estructuras sociales que producen exclusión, violencia y estigmatización.
El pluralismo implica aceptar que existen múltiples formas legítimas de vivir el cuerpo, el afecto y la identidad. Cuando grupos civiles, religiosos o políticos se atribuyen el derecho de decidir qué identidades son válidas y cuáles deben desaparecer, dejan de actuar en el terreno de la convivencia democrática y entran en una lógica de tutela moral incompatible con los derechos humanos.
Además, estas prácticas tienen consecuencias concretas expresadas en depresión, ansiedad, expulsión familiar, aislamiento social e incluso, suicidio. Numerosos testimonios muestran que las personas sometidas a procesos de “corrección” experimentan culpa, miedo y ruptura emocional profunda. El daño no es abstracto, afecta vidas reales.
Por ello, combatir estas prácticas no es atacar creencias religiosas, ni impedir la libertad de conciencia. Significa establecer categóricamente un límite claro: ninguna convicción moral puede justificar la violencia sobre la identidad de otra persona. La libertad termina donde comienza la vulneración a derechos fundamentales.
La tarea ética de una sociedad democrática no es “rehabilitar” identidades diversas, sino construir condiciones para que todas las personas puedan vivir sin miedo, humillación o persecución. Defender a las personas trans frente a estos intentos de disciplinamiento moral no es una concesión ideológica. Es una defensa elemental de la dignidad humana y del derecho de cada individuo a existir plenamente tal como es.
