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Por Ana E. Rosete
Hay líneas que un Estado democrático simplemente no debe cruzar. Una de ellas es utilizar las instituciones públicas para defender problemas personales de quienes temporalmente ocupan el poder. Y eso es exactamente lo que parece haber ocurrido con el uso del aparato de comunicación social del Senado para salir al paso de los señalamientos contra el senador morenista, Enrique Inzunza.
No se trata de un debate legislativo. No es una discusión sobre reformas constitucionales, acuerdos parlamentarios o decisiones que involucren al Senado como institución. Lo que existe es una crisis política y mediática relacionada con acusaciones delicadísimas sobre presuntos vínculos con el narcotráfico. Un asunto estrictamente personal, jurídico y político del senador. Nada más.
Por eso resulta profundamente peligroso que el área de Comunicación Social del Senado opere como oficina de control de daños. Porque una cosa es informar sobre el trabajo legislativo y otra muy distinta convertir recursos públicos en instrumentos de defensa política.
Quienes llevamos años viendo el funcionamiento real del poder en México conocemos perfectamente esa vieja tentación: confundir gobierno con partido, partido con movimiento y movimiento con patrimonio personal. Es el mismo vicio que durante décadas se criticó al PRI y que hoy Morena reproduce con alarmante naturalidad. Cambian los colores, pero sobreviven las mañas.
El problema no es únicamente ético; también es institucional. Cuando el Senado entra a defender a uno de sus integrantes por acusaciones que no corresponden a la labor parlamentaria, manda un mensaje gravísimo: que el poder protege a los suyos incluso antes de que exista una investigación formal o una resolución judicial. Y eso erosiona la credibilidad de una institución que debería guardar prudencia y neutralidad.
Porque el Senado no es despacho de abogados. No es agencia de relaciones públicas. No es comité de campaña. Mucho menos puede actuar como muro de contención frente a señalamientos ligados al crimen organizado, un tema que ha lastimado profundamente al país y que exige absoluta seriedad institucional.
La defensa legal y mediática de cualquier senador corresponde a él, a sus abogados, a su partido o a quien decida contratar. Pero jamás al aparato financiado con dinero público. Ahí está el límite que no debería tocarse.
Y quizá lo más preocupante sea la normalización. En otro tiempo, usar estructuras oficiales para defender a un político señalado habría provocado un escándalo mayúsculo. Hoy parece asumirse como parte de la rutina. Como si las instituciones ya no pertenecieran al Estado mexicano, sino a quienes las administran temporalmente.
México ya pagó demasiado caro el costo de los gobiernos que confundieron institución con facción. Repetir ese camino no sólo es irresponsable; también es peligrosamente autoritario.
