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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Las aspiraciones rumbo a la gubernatura de Baja California de Ismael Burgueño, actual alcalde de Tijuana, se tambalean tras los escándalos por contratos millonarios, rentas de lujo y presuntas irregularidades financieras. Las investigaciones exhibieron contradicciones con la austeridad que promueve Morena, debilitando su imagen pública y complicando sus posibilidades para 2027. El escándalo estalló luego de revelarse que Burgueño habita una residencia en el exclusivo fraccionamiento Hacienda Agua Caliente, donde las rentas oscilan entre 59 mil y hasta 200 mil pesos mensuales. El problema: las cifras simplemente no cuadran con los ingresos que oficialmente reporta ante la Plataforma Nacional de Transparencia.
De acuerdo con los registros públicos, el alcalde percibe un salario bruto mensual de 126 mil 206 pesos; sin embargo, tras retenciones, el ingreso neto quedaría en apenas 51 mil 12 pesos. Aun así, el propio munícipe reconoció que sí renta la residencia y justificó que cuenta con “otros ingresos”.
La explicación lejos de disipar dudas, encendió más cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso de austeridad republicana impulsado por Morena y el estilo de vida del edil fronterizo.
En la investigación se documentó que Burgueño posee dos inmuebles modestos en Tijuana, mientras que su padre figura como propietario de al menos 19 bienes inmuebles, aunque llegó a tener 31 antes de vender o donar parte del patrimonio.
El contraste golpea directamente la narrativa morenista. En 2016, durante su primera candidatura a la alcaldía, Burgueño mostraba una vivienda sencilla en la colonia Buenos Aires Sur; hoy, el alcalde reside en una de las zonas más exclusivas de Baja California.
Pero el tema inmobiliario es apenas la punta del iceberg.
Otra investigación reveló que el XXV Ayuntamiento de Tijuana comprometió más de 4 mil millones de pesos en contratos plurianuales adjudicados presuntamente bajo esquemas opacos y beneficios dirigidos a proveedores privilegiados.
Entre los contratos más polémicos destaca el arrendamiento del sistema de videovigilancia por 3 mil 276 millones de pesos hasta 2040. Según la publicación, las empresas beneficiadas estarían bajo investigación federal por presunto lavado de dinero y posibles vínculos con estructuras criminales.
La operación política sería encabezada por Arnulfo Guerrero León, conocido como “El Fufo”.
A ello se suma la renta de 147 vehículos de lujo —incluyendo camionetas Tahoe y Suburban 2025— con un costo diario superior a 223 mil pesos, así como contratos por más de 538 millones para privatizar el barrido y limpieza de la ciudad.
Todo esto ocurre mientras Tijuana enfrenta crisis de inseguridad, calles deterioradas y rezagos en servicios públicos.
Las revelaciones representan una mancha para Morena y para el discurso de sobriedad promovido por Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación deben conducirse “sin ostentación y con honestidad”.
Hoy, en Tijuana, las dudas sobre transparencia, patrimonio y presunto despilfarro ya alcanzaron niveles que amenazan con convertirse en un severo costo político para el movimiento guinda.
