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Ana E. Rosete
Una acusación de 34 páginas presentada por un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York coloca al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el centro de una presunta red de colaboración con el Cártel de Sinaloa para el tráfico masivo de drogas hacia Estados Unidos.
El documento sostiene que Rocha Moya y al menos nueve funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez, habrían participado en una “asociación delictuosa” destinada a importar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, protegiendo las operaciones del grupo criminal a cambio de sobornos millonarios.
La acusación describe al Cártel de Sinaloa como una de las estructuras más violentas del mundo, con capacidad global para producir, transportar y distribuir narcóticos. Según fiscales estadounidenses, esta red se sostiene no sólo por su aparato armado, sino por la infiltración en instituciones de gobierno.
En ese entramado, la facción de “Los Chapitos”, encabezada por Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, habría mantenido vínculos directos con autoridades sinaloenses. El expediente señala que Rocha Moya sostuvo reuniones con estos líderes antes y después de su elección en 2021, en las que presuntamente acordó brindar protección a cambio de apoyo político.
Incluso, se afirma que durante el proceso electoral, operadores del grupo criminal habrían intimidado a opositores, robado urnas y forzado votos para favorecer su candidatura. A cambio, ya en el cargo, el gobernador habría permitido la colocación de funcionarios afines al grupo en áreas clave de seguridad y procuración de justicia.
El documento también detalla un esquema sistemático de corrupción: pagos mensuales a mandos policiales, filtración de operativos, liberación de detenidos y uso de corporaciones para facilitar traslados de droga. En algunos casos, se imputan actos de violencia directa, incluidos secuestros y homicidios contra presuntos informantes.
Además del cargo por conspiración para el tráfico de drogas, la acusación incluye delitos por uso de armas de alto poder y secuestro con resultado de muerte, este último vinculado a la desaparición y asesinato de una fuente confidencial de la DEA en 2023.
De probarse, los hechos podrían derivar en sanciones severas bajo la legislación estadounidense, incluyendo cadena perpetua y decomiso de bienes. La acusación marca uno de los señalamientos más graves contra un gobernador en funciones en México por presuntos vínculos con el narcotráfico.
