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Ana E. Rosete
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa fijó postura ante las acusaciones difundidas por autoridades de Estados Unidos contra diversos servidores públicos, entre ellos mandos de la propia institución, y subrayó que cualquier procedimiento debe apegarse estrictamente al marco legal mexicano.
En un comunicado emitido este 29 de abril desde Culiacán, la dependencia estatal señaló que toda solicitud relacionada con dichos señalamientos deberá regirse por lo establecido en la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes. En ese sentido, precisó que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar, con base en datos de prueba, la viabilidad jurídica de cualquier acción.
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— Fiscalía General del Estado de Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) April 29, 2026
El posicionamiento ocurre luego de que fiscales del Distrito Sur de Nueva York y la DEA dieran a conocer una acusación penal que no solo alcanza al gobernador Rubén Rocha Moya, sino también a nueve funcionarios y exfuncionarios, incluidos mandos de seguridad y de la fiscalía estatal.
Entre los señalados aparece un alto mando de la Fiscalía de Sinaloa, equivalente a vicefiscal o fiscal adjunto, identificado en reportes como Dámaso Castro Zaavedra, quien formaba parte de la estructura de procuración de justicia en la entidad.
De acuerdo con la acusación estadounidense, funcionarios de alto nivel, incluidos mandos de fiscalía y de la policía de investigación, habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa. Según los señalamientos, utilizaron sus cargos para proteger operaciones del narcotráfico, facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y garantizar impunidad.
Asimismo, se sostiene que la red de presunta colusión habría implicado intercambio de favores, protección institucional y coordinación con facciones del grupo criminal como Los Chapitos.
Pese a la gravedad de los señalamientos, la Fiscalía estatal enfatizó que en México prevalece el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada culpable sin una resolución emitida por una autoridad judicial competente.
Además, remarcó que toda actuación en materia de procuración de justicia debe conducirse con apego irrestricto al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional.
Finalmente, la institución reiteró su compromiso con el marco constitucional, así como con los principios de legalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones, en medio de un contexto marcado por acusaciones internacionales que elevan la presión política y jurídica sobre autoridades sinaloenses.
