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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La circulación en la carretera federal Texcoco-Lechería fue interrumpida por ejidatarios y comuneros de San Salvador Atenco, quienes bloquearon ambos sentidos como medida de presión tras un fallo judicial que consideraron perjudicial para sus derechos agrarios. El cierre comenzó poco después de las diez horas y se prolongó durante aproximadamente dos horas.
La protesta se originó por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que rechazó el amparo promovido por los campesinos y confirmó la vigencia de la declaratoria de Área Natural Protegida sobre más de 14 mil hectáreas. Dentro de ese polígono se encuentran alrededor de 4 mil 500 hectáreas que anteriormente eran utilizadas para actividades agrícolas por los habitantes de la zona.
Los inconformes señalaron que la decisión judicial consolidó la restricción sobre el uso de sus tierras, lo que afectó directamente su economía y forma de vida. Indicaron que la medida derivó de un decreto federal emitido en años recientes, sin que existiera un proceso de consulta previo con las comunidades involucradas.
La movilización fue acordada en asamblea ejidal, donde los participantes evaluaron las consecuencias del fallo. Como resultado, decidieron trasladar su inconformidad a la vía pública para visibilizar el problema ante autoridades federales. Durante el bloqueo, los manifestantes colocaron mantas y exigieron la presencia de representantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Automovilistas y transportistas quedaron detenidos en la zona sin posibilidad de avance. Elementos de seguridad estatal, municipal y de la Guardia Nacional se mantuvieron en el lugar para evitar confrontaciones, sin intervenir en la protesta.
Tras negociaciones en el sitio, una comisión de comuneros acordó establecer una mesa de diálogo con autoridades federales. Posteriormente, los manifestantes liberaron la vialidad poco después del mediodía.
Hasta el cierre de la jornada, no se reportó un posicionamiento oficial de la Suprema Corte ni de la autoridad ambiental federal sobre las demandas planteadas por los ejidatarios.
