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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En los resultados que presentó este año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre revisiones al gobierno del Estado de México que encabeza Delfina Gómez, en el presupuesto que ejecutó en materia de seguridad, la autoridad fiscalizadora advirtió de un subejercicio, así como del incumplimiento de metas en el trabajo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM)
En 2024 la administración mexiquense recibió 633 millones 695 como parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP). La ASF revisó el 70 por ciento de lo asignado y detectó que hubo un total de 37 millones 401 mil pesos de subejercicios como parte del recurso no comprometido y no pagado. La falta de la ejecución de todos los recursos públicos ocurrió en 2024, un año en el que se detectaron un total de 2 millones 92 mil 189 delitos y que, de acuerdo a las metas de la SSEM, no logró disminuir la incidencia de delitos de alto impacto.
En el proceso de revisión fiscal, la Auditoría resaltó que entre las vulnerabilidades de la SSEM es que no existe un comité o grupo especializado de Adquisiciones y Obra Pública que garantice la seguridad de las contrataciones. Asimismo, el manejo de recursos tuvo varias irregularidades ya que empezaron a ser administrados fuera de plazo y con escasa documentación que permitiera conocer a la Auditoría la seguridad de la actividad financiera de la SSEM.
En el mismo año que el Estado de México no tuvo una baja en los delitos de alto impacto, el gobierno de Delfina Gómez, reportó que a través de varias instituciones se ordenaron capacitaciones, pero mínimas. De los 17 mil 795 elementos de la SSEM, ninguno fue capacitado; de los 24 mil 464 de policías municipales 173 fueron capacitados; de los 5 mil 210 de la Fiscalía estatal (FGJEM), 724 fueron capacitados; y de los 3 mil 522 policías de Centros de Readaptación Social (Cereso) sólo 72 recibieron instrucción.
Dentro de las metas del modelo de seguridad del gobierno de Delfina Gómez, la administración mexiquense planteó disminuir la sobrepoblación en las cárceles que en 2023 ya era del 143.7 por ciento y al término de 2025 aumentó al 145.2 por ciento.
