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Por Ana E. Rosete
La política suele tropezar no en los grandes discursos, sino en los detalles técnicos. La suplencia de Andrea Chávez lo confirma. El nombre de Nora Elena Yu Hernández abrió un debate que va más allá de una curul: la posible incompatibilidad entre su perfil y la función pública.
El punto es jurídico. El artículo 159 de la Ley Aduanera prohíbe que un agente aduanal sea servidor público, incluso con licencia. La razón es clara: evitar conflictos de interés en una actividad que implica interacción directa con la autoridad.
Pero conviene precisar: la ley no impide que llegue al Senado. Lo que prohíbe es la simultaneidad. Es decir, no puede ser agente aduanal activo y legisladora al mismo tiempo. La diferencia es clave, porque traslada el debate de lo ilegal a lo condicional.
Si decide asumir el cargo, tendría que separarse de cualquier función aduanal. De lo contrario, sí habría una violación legal. Así de simple.
El problema es que en política no basta con cumplir la norma. También importa la percepción. En un contexto donde el discurso anticorrupción es central, cualquier sombra de conflicto pesa.
Este caso no es escándalo, pero sí síntoma. Obliga a preguntarse si los filtros internos están a la altura del estándar que se presume. Porque hoy, más que nunca, la línea entre lo permitido y lo aceptable es la que define la credibilidad.
