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Por Eduardo López Betancourt
Darlos a quienes sí los necesitan
Como un acto de justicia, los dos últimos gobiernos federales han impulsado la obligatoriedad constitucional de las ayudas sociales. La medida ha resultado pertinente para respaldar a quienes se encuentran en condiciones económicas precarias: adultos mayores, madres solteras y estudiantes.
El punto que ha generado mayor controversia es la aplicación de dichos apoyos con un carácter universal, es decir, que toda persona al alcanzar determinada edad reciba automáticamente un beneficio económico, cuando la realidad indica que muchos adultos mayores no requieren de tal respaldo. Ello puede derivar en un gasto innecesario e injustificado; no es infrecuente encontrar personas de alto nivel económico que, sin ningún reparo, cobran estos recursos, lo cual resulta cuestionable tanto desde el punto de vista jurídico como moral.
En cuanto a las denominadas madres solteras, también se registran irregularidades, dado que un número considerable de beneficiarias no se encuentran en la situación declarada ni precisan del apoyo. Basta con inscribirse afirmando cumplir ciertos requisitos para acceder al programa, lo que evidencia graves fallas en los mecanismos de verificación. Respecto a los estudiantes, el criterio debería orientarse a estimular a quienes mantienen un alto rendimiento académico, entendiendo el beneficio siempre como un reconocimiento al mérito. Otro rubro que merece análisis es el programa denominado Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que también se detectan abusos e irresponsabilidades que comprometen su eficacia.
En todos los casos, los apoyos sociales deben destinarse a quienes genuinamente los necesiten y nunca otorgarse de manera indiscriminada. Los recursos que se canalizan a quienes no los requieren bien podrían invertirse en infraestructura, obra pública y, de manera prioritaria, en el fortalecimiento del sistema educativo, sector que atraviesa una crisis profunda. México necesita escuelas dignas, docentes de calidad y la erradicación definitiva de las instituciones educativas de dudosa calidad que proliferan en todos los niveles, particularmente en el universitario.
El país requiere con urgencia administrar sus recursos con rigor y orientarlos con criterios claros de justicia social, siempre en beneficio de quienes verdaderamente lo necesitan y con el firme propósito de construir una sociedad más equitativa y cohesionada.
