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Por Eduardo López Betancourt
Se dice que alguien “se va por la libre” cuando actúa de manera contraria a lo esperado; cuando toma decisiones propias que, en ocasiones, rozan la ingratitud o la traición.
El PVEM (Partido Verde Ecologista de México) es el capricho político de una familia adinerada, fundada por Jorge González Torres, cuya dinastía ha logrado mantenerse en el escenario nacional a través de conveniencias y alianzas oportunistas. Su postura histórica ha sido alinearse con quien detenta el poder; su ideología, dado su origen, se sitúa en la derecha, aunque sus principios resultan, en el mejor de los casos, difusos. En tiempos recientes, se había cobijado bajo las siglas de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), obteniendo beneficios considerables, como la gubernatura de Chiapas, conquistada mediante coaliciones estratégicas. Sin embargo, ahora el Verde se ha aliado con el PT (Partido del Trabajo), agrupación sin identidad ni peso propio, con el deliberado propósito de obstaculizar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su proyecto de Reforma Electoral.
Bien reza el refrán: “Cría cuervos y te sacarán los ojos.” El PT y el PVEM no han tardado en exhibir su deslealtad. La jefa del Ejecutivo y Morena han enarbolado una tesis clara contra el nepotismo político, principio democrático elemental que busca evitar que los cargos públicos se conviertan en herencias familiares. Y es que resulta sencillo para un gobernante, con el poder y los recursos del erario a su disposición, fabricar la popularidad de un hijo, un hermano, una esposa o cualquier pariente conveniente.
El caso de San Luis Potosí ilustra esta patología con descaro inusitado. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha construido artificiosamente la figura pública de su esposa, Ruth Miriam González Silva, a quien incluso promovió como senadora de la República. Desafiando abiertamente el principio presidencial contra el nepotismo, el gobernador potosino y el Partido Verde han postulado a su consorte como candidata a la gubernatura. Semejante cinismo político, un mandatario haciendo campaña para que su cónyuge lo suceda en el cargo, es una afrenta a la democracia, a la ética y a la más elemental dignidad institucional.
Este episodio exige reflexión, pero sobre todo acción: una disposición constitucional contundente que cierre definitivamente la puerta al nepotismo. Una reforma que no puede ni debe esperar hasta 2030.